RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En estos momentos se encuentran reunidos los tres poderes del Estado; el legislativo, ejecutivo y judicial para en una carrera contra el tiempo logran un consenso que le permita cumplir el mandato dictado por el Tribunal Constitucional para adecuar el Código Procesal Penal en un plazo que llega a su fin este jueves 11 de diciembre.
En este encuentro participan junto a miembros de la Comisión Permanente de Justicia los presidentes del primer Poder del Estado, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, actores principales del sistema judicial del país como son la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso y representantes de la Defensoría Pública.
En representación del Poder Ejecutivo participa el consultor jurídico Antoliano Peralta y el juez Frank Soto, de la Suprema Corte de Justicia.
En este encuentro se pretenden analizar todas las alternativas viables para que los diputados pueden darle salida definitiva a la Ley que establece las normas a seguir en los procesos judiciales y evitar que el país caiga en un vacío jurídico que lo obligue a retroceder en el tiempo.
El incumbente de la Cámara Baja, explicó que la confirmación de esta comisión de «alto nivel» tiene como objetivo aprobar en el plazo otorgado aprobar el nuevo Código Procesal Penal y darle al país una legislación jurídico que se adhiera a lo que establece la Constitución.
«Esa es la idea y en ese sentido vamos a comenzar a trabajar en el día de hoy después de los avances que logramos en el Senado y que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha avanzado un poco con el tema», subrayó Pacheco.
De su lado, el consultor jurídico declaró que este equipo conformado por los poderes que integran la sociedad dominicana buscará «allanar» el camino para darle al país una nueva Ley como ordenó el Tribunal Constitucional.
«El 11 de diciembre debe haber una ley que resuelva, que cumpla con el mandato del Tribunal Constitucional», destacó el funcionario que agregó que las observaciones y cuestionamientos hechos por distintos sectores entre las que se encuentran las de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), serán revisados.
Las modificaciones más trascendentales que hicieron los senadores al marco jurídico de la República y que ha generado preocupación en distintos sectores son la ampliación de las medidas coercitivas que fue elevada de 18 meses a 2 años dejando a criterio del juez su extensión que puede ser de un año adicional.
También están la posibilidad de que un juez que haya sido recusado continúe conociendo un proceso sin que una corte haya decidido sobre dicha inadmisión, restricción al acceso a la prueba, entre otros aspectos.
La Ley 10-15 que instruye el Código Procesal Penal de la República Dominicana fue declarada antijurídica por la Alta Corte al determinar que durante su aprobación en la sede legislativa se violó el procedimiento de bicameralidad.
La sentencia establece que al vencer el plazo de un año sin aprobación definitiva en amabas cámaras, la Ley 10-15 quedará automáticamente sin vigencia y expulsada del ordenamiento jurídico, restableciéndose el Código Procesal Penal del 2002.
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