RESUMEN
Se considera que la auténtica fuente de poder emana de la voluntad popular, específicamente de las urnas, cada cuatro años cuando se celebran elecciones. El pueblo, soberano, mandante y fuente de la que emana toda legitimidad, acude a los centros de votación para escoger a las autoridades que habrán de regir su destino por un período determinado. Esa es la creencia generalizada, que reiteradamente se nos ha enseñado, pues en el modelo democrático la soberanía popular reside en el pueblo de conformidad con el artículo 2 del texto constitucional. No en vano otros artículos de la Carta Sustantiva consagran la inviolabilidad de la soberanía, el principio de no intervención, señalando a las Fuerzas Armadas como guardianas de su protección.
En esencia, el concepto soberanía popular se encuentra estrechamente vinculado al de democracia representativa y participativa, toda vez que en la reforma constitucional de 2010 se optó por este último modelo. Ahora bien, ¿reside la soberanía realmente en el pueblo y la ejercen sus representantes electos cada cuatro años por el voto mayoritario de la población? ¿Son estos mandatarios los que detentan el poder político y económico en sociedades organizadas bajo este esquema? La negativa se impone, en razón de que los hilos del poder son manejados por sectores económicos que disponen de medios para doblegar voluntades, manipular la opinión pública, abrir o cerrar vías de acceso a posiciones estratégicas, entre otras tantas posibilidades.
La mayoría de las personas no advierten que el verdadero centro de poder son los grupos económicos; su esfera de influencia se mantiene inalterable, independientemente de los resultados electorales. Estos conglomerados empresariales son los llamados poderes fácticos, debido a que su preponderancia es permanente, invariable y continua. Mientras las organizaciones partidarias tanto suben como bajan cada cierto tiempo, sujetas a los vaivenes de las circunstancias, esta élite disfruta de un monopolio de permanencia en el ejercicio del poder. Su ascendencia puede ser mayor o menor, según sus vínculos con la organización que se encuentre al frente de la cosa pública en un momento determinado.
Después de la desaparición de Trujillo, los sectores económicos que prosperaron al amparo de la dictadura, muchos de los cuales eran testaferros del tirano, han continuado acumulando poder con el discurrir del tiempo. Mientras en otros países los emprendedores progresan gracias a su esfuerzo y al mercado, entre nosotros las grandes fortunas se han labrado sobre la base de influencias estatales. Y aunque estos sectores, en esta mal llamada democracia, han prosperado en connivencia con políticos inescrupulosos, lo cierto es que ya no se conforman con sus inmensos caudales, sino que desean también el control político.
La ambición de los grupos fácticos ha sufrido una mutación, pues ya no es suficiente tener buenas relaciones con los políticos, sino que desean controlar directamente los resortes del Estado, colocando incondicionales en posiciones estratégicas. De ahí que han asumido la carrera de prospectos, algunos con valiosas condiciones personales, para apuntalarlos en una despejada trayectoria política. En otras palabras, los empresarios han asumido un rol más agresivo, no se satisfacen con una colaboración en un plano de igualdad con los políticos tradicionales, sino que prefieren tomar el control del Estado para garantizar mejor sus intereses. En democracia todo es válido, y si el objetivo fuese gobernar tomando como premisa el interés general, no habría ningún problema.
Pero la experiencia de lo que ha sucedido en otras latitudes arroja un balance negativo, puesto que desafortunadamente tanto los políticos profesionales como las oligarquías han demostrado que poco les importa la colectividad; únicamente velan por sus propios intereses. Ni los grupos económicos ni las organizaciones partidarias han demostrado tener auténtica vocación de servicio; simplemente enmascaran sus propósitos con discursos bien presentados y falsas promesas que han terminado debilitando progresivamente la fe en el sistema. De ahí que algunos autores comienzan a acuñar el término de “democracia fatigada” para expresar la creciente desconfianza de la población en este modelo.
Detrás del poder político se encuentra el económico, siendo este último el que determina y condiciona los movimientos sociales. Los dueños de medios de comunicación, industriales, empresarios y grandes comerciantes son los auténticos amos del escenario. Daniel Estulin, en su libro sobre El Club Bilderberg, explica cómo la élite más poderosa del mundo maneja todos los aspectos políticos y financieros a nivel global, sugiriendo que la democracia no es más que una ilusión. Este conglomerado de personas que dirige los bancos centrales, la política nacional e internacional de los grandes países, fueron capaces de propiciar la destitución de Margaret Thatcher por defender el concepto de la soberanía británica, así como despejar escollos para facilitar el ascenso de Jimmy Carter y Bill Clinton como presidentes de los Estados Unidos, entre muchos otros acontecimientos de relevancia mundial.
Esa plutocracia que dirige los destinos de la humanidad pretende triunfar donde los políticos han fracasado, no reparando en ideologías, pues su influencia va más allá del mundo capitalista. Su preeminencia es tan vasta que Rusia y China, para solo citar dos casos, se encuentran igualmente bajo su égida. De manera que, si la política internacional se encuentra condicionada por esta poderosa oligarquía financiera e industrial, con mayor razón un país pobre como el nuestro está sometido al imperio de estos grupos que operan en la sombra. Basta citar, a nivel local, los casos de Punta Catalina y la reciente autorización para la construcción de un nuevo aeropuerto en la región Este para percatarnos de la enorme influencia de los grupos económicos privados sobre la esfera estatal.
Los responsables del desmesurado enriquecimiento de la oligarquía dominicana son los propios políticos, quienes en su afán por perpetuarse han realizado onerosas concesiones sobre temas sensibles, sin advertir el daño que ocasionan al interés nacional. Solamente la dictadura controló con puño de hierro la insaciable voracidad de los sectores empresariales que, por temor a la ira de Trujillo, fueron cautelosos, obsequiosos y sumisos al poder político. Una vez decapitada la misma se abolieron las barreras de contención y paulatinamente han consolidado, gracias al descuido de sucesivos mandatarios, una hegemonía que cada día se hace más evidente.
Para preservar el equilibrio deseable entre los intereses de los núcleos empresariales y el interés general, se deben escoger para dirigir la administración pública a personas idóneas, capaces de frenar o morigerar las desmedidas apetencias del sector privado. Resulta preocupante la creciente tendencia de empresarios colocando jueces, legisladores, ministros y hasta presidentes, para resguardar así sus intereses. Y en la medida que fracasen gobiernos entreguistas y corrompidos, como el que afortunadamente saldrá el próximo domingo, estos grupos económicos continuarán acumulando poder a expensas de los infortunios del pueblo dominicano.
Se sabe de la enorme influencia de los poderes fácticos en todas partes del mundo; ahora bien, se debe hacer un esfuerzo por contenerla en la medida de lo posible, para evitar que se continúen profundizando las grandes desigualdades socioeconómicas que ponen de manifiesto las purulencias del modelo democrático.