El reciente asesinato del joven peluquero José Vladimir Valerio Estévez y los 4 jóvenes acribillados por la Policía en una peluquería en la Barranquita, Santiago, ha destapado una vez más las grietas profundas de nuestro sistema de seguridad y justicia. La versión oficial de la Policía Nacional pretende construir un relato que, a todas luces, resulta insostenible y que carece de credibilidad ante la opinión pública. El gobierno, lejos de exigir respuestas y esclarecer los hechos, se convierte en cómplice al proteger una institución que, en lugar de garantizar seguridad, ha optado por operar como brazo ejecutor de la violencia.
La primera exigencia es clara: deben presentarse los videos, las pruebas concretas, el policía herido y el vídeo del momento en que recibió la herida. Más aún, debe salir a la luz el escuadrón del DICRIM que, de acuerdo a como se percibe, ejecutó a sangre fría a esos jóvenes. Incluso en el peor escenario, si efectivamente fueran parte de una banda, como sostiene el relato policial, la obligación del Estado era apresarlos y someterlos a la justicia, no exterminarlos en una farsa de “intercambio de disparos”.
La tragedia pudo ser aún peor. A escasos metros del lugar de los hechos se encuentra el comedor de Doña Ana, donde profesores y estudiantes de la UASD acuden con frecuencia a alimentarse. Un tiroteo indiscriminado en esa zona con las armas que presenta la policía en un video pudo haber desencadenado una masacre de decenas de inocentes.
Este caso no es aislado. Desde hace un tiempo, la Policía, en alianza con el gobierno, ha intentado legitimar los llamados “intercambios de disparos”, mecanismo perverso que convierte a la institución en una maquinaria de la muerte. Con ello, se elimina de un plumazo el papel de los tribunales y del Congreso Nacional, que son los órganos encargados de impartir justicia y legislar en un verdadero Estado de Derecho. La pregunta que se impone: ¿para qué sirven entonces la Constitución y las leyes? ¿Acaso la Policía y el Poder Ejecutivo están por encima de todo? ¿Quién está dando las órdenes para tantas muertes?
Los números estremecen. Solo en lo que va de año, la Policía ha asesinado a 170 personas, 18 más que en 2024, según reporta la prensa nacional. Esta realidad, que debería provocar indignación y repudio colectivo, parece estar normalizándose en la sociedad. La muerte extrajudicial, ejecutada bajo la complicidad del poder político, se convierte en una práctica cotidiana que erosiona los cimientos mismos de la democracia.
Hoy fue la peluquería, pero mañana puede ser en el comedor, en el restaurante, en la tienda, en la cafetería, en el salón de belleza, en el colmado, en la escuela, en la universidad, en la cabina de radio y de Televisión o en cualquier lugar, porque al parecer cuando la policía sale en busqueda de ciertos perfiles delictivos van con la orden irrevocable de disparar y me imagino que hasta en el palacio nacional.
Pero la historia demuestra que los pueblos, aunque puedan permanecer en silencio por un tiempo, terminan despertando. Nepal y Francia son ejemplos recientes de cómo la indignación ciudadana, frente a los abusos del poder, puede transformar la realidad política de un país. ¿Permitirá el gobierno dominicano que la indignación acumulada llegue a esos niveles de estallido social?
La memoria de José Vladimir Valerio Estévez y de tantos otros jóvenes asesinados exige una respuesta contundente. No basta con lamentos ni comunicados huecos: se trata de enfrentar un sistema policial que ha dejado de ser garante del orden público para convertirse en verdugo. Si el gobierno persiste en proteger esta maquinaria de la muerte, la pregunta ya no será si el pueblo despertará, sino cuándo y con qué fuerza lo hará.
Por Nelson Reyes Estrella