RESUMEN
En un mundo donde el conocimiento es el nuevo oro, hay quienes han encontrado la manera de fabricar oro. La proliferación de falsos expertos y títulos ficticios es un problema global, pero se siente con especial gravedad en contextos donde la confianza en las instituciones ya está fracturada. En República Dominicana, hemos tenido la oportunidad de observar de cerca casos que no solo indignan, sino que también evidencian los profundos vacíos de control y responsabilidad en el sistema.
Hemos identificado figuras públicas que se presentan como baluartes del saber, mientras sus credenciales no soportan el menor escrutinio. Un caso alarmante es el de un supuesto politólogo, máster en políticas públicas y autoproclamado experto en seguridad ciudadana, quien afirma ser egresado de la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid. Al investigar en los registros disponibles del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), descubrimos que sus afirmaciones carecen de soporte documental. Esto evidencia una estrategia basada en el uso de títulos ficticios para legitimar posiciones de autoridad en debates cruciales.
Esta situación no es aislada. En nuestro análisis, también hemos detectado falsos doctores que no ejercen medicina, pero utilizan el término «doctor» como una herramienta simbólica para consolidar una falsa percepción de expertise académica en áreas que desconocen profundamente. Y aún más asombroso es el caso de un gerente de Altos estudios que incluye en su currículo un diploma de maestría fechado en una época posterior al cierre oficial del programa, Este tipo de situaciones que puede hasta caer en la deshonestidad, se traduce en una peligrosa falta de rigor institucional que, en efecto, abre las puertas a figuras no calificadas y amenaza el progreso del país en temas críticos.
Más alarmante aún es observar cómo estos impostores no solo logran evitar el escrutinio, sino que además se consolidan como figuras de opinión en los medios, influyendo en las narrativas públicas y las decisiones en todos los niveles. A menudo, sus declaraciones se perciben como verdades absolutas, simplemente porque llevan el barniz de un título que jamás obtuvieron. Se les invita como panelistas en programas de televisión, se les consulta como especialistas y se convierten en «asesores» bien remunerados en instituciones públicas y privadas. Este fenómeno no solo distorsiona las decisiones de política pública, sino que también fomenta una cultura de superficialidad en la evaluación profesional, restando importancia al mérito y la preparación auténtica.
Estos casos no son simples anécdotas; son síntomas de un problema más profundo. En un entorno donde los títulos representan puertas abiertas y validación social, el fraude académico no solo erosiona la confianza pública, sino que también pone en riesgo la toma de decisiones basadas en conocimientos empíricos o en opiniones por “boca de ganso”. Cuando alguien que carece de preparación ocupa un espacio de incidencia, las consecuencias no solo recaen sobre su reputación, sino sobre toda la sociedad que confió en su supuesto «expertise». Además, al recibir salarios como consultores y ocupar posiciones estratégicas, desplazan a quienes, con preparación legítima, podrían aportar soluciones reales a los problemas que enfrentamos. Esta práctica desmoraliza profundamente a quienes han dedicado años de estudio y esfuerzo real, enfrentándose a un sistema que premia la simulación sobre la competencia legítima.
Es necesario reconocer que estos impostores representan una amenaza a la sociedad en múltiples niveles, especialmente al desmotivar a los profesionales auténticos, quienes observan cómo el engaño se convierte en recompensa.
Sin embargo, el problema no termina ahí. Existe una complicidad estructural que permite que estas prácticas persistan. La ausencia de mecanismos estrictos de verificación, junto con la falta de sanciones ejemplares, perpetúa un círculo vicioso donde las falsedades encuentran refugio en estructuras ineficientes. ¿Dónde están los mecanismos de verificación? ¿Quién garantiza que las credenciales depositadas en currículos, y perfiles profesionales sean genuinas?
Combatir esta realidad requiere más que indignación y que la denuncia en el Observatorio de seguridad y defensa; exige acción. Es imprescindible fortalecer los mecanismos de verificación, no solo para proteger la credibilidad de quienes realmente se han esforzado, sino también para garantizar que las decisiones cruciales en políticas públicas, seguridad ciudadana y otros campos estén en manos de verdaderos expertos. Además, es fundamental construir una cultura donde el conocimiento genuino sea valorado por encima del brillo superficial de un nombre mediáticamente construido. Esto implica promover una sociedad que valore el esfuerzo y la preparación legítima, incentivando el mérito y castigando la simulación.
La batalla contra los falsos expertos y el engaño, no solo es una cuestión de restaurar la confianza institucional; es un compromiso necesario para proteger a quienes han dedicado años al estudio y sacrificio, construyendo con esfuerzo y legitimidad sus credenciales. Cada puesto ocupado por un impostor es un lugar que pudo ser para alguien verdaderamente capacitado, alguien que sí ha pasado por las aulas y tiene el conocimiento para generar impacto positivo. Defender el mérito auténtico es una apuesta por una sociedad más justa, donde el conocimiento verdadero sea la piedra angular del progreso, seguiré siendo esa voz que clama en el desierto esperando que el tiempo me siga dando la razón.
Por: Juan Manuel Morel Pérez.
El autor es abogado, magister en Seguridad y Defensa Nacional, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano, coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD.