RESUMEN
En la Roma del siglo I antes de Cristo, los idus de marzo no fueron el fruto de una conjura imprevista ni el arrebato de un puñado de conspiradores. Fueron, si se les observa con la distancia que concede la historia, el desenlace natural de una sordera. Julio César no se extravió por exceso de ambición —la ambición, después de todo, rara vez comparece ante el tribunal de los siglos— sino por algo más prosaico y más humano: dejó de percibir el rumor que crecía entre las columnas del Senado. Los idus, desde entonces, no simbolizan la traición. Simbolizan el instante en que una advertencia legítima deja de encontrar oído.
Trasladar hoy esa imagen al presente dominicano no obedece a un capricho retórico. Es un recurso de la tradición ensayística que permite iluminar, sin estridencias, una verdad incómoda: todo poder, por virtuoso que sea su origen, atraviesa una estación en la que corre el riesgo de confundir la estabilidad con la permanencia, y la aprobación circunstancial con una legitimidad que se renueva sola.
El presidente Luis Abinader llegó a la conducción del Estado con un capital simbólico que pocas figuras políticas dominicanas han reunido en las últimas décadas: la promesa creíble de una ruptura, el discurso de la transparencia, la energía de lo nuevo. Ese capital, sin embargo, comparte con todos los bienes intangibles una condición inexorable: se deprecia si no se reinvierte. Maquiavelo —cuya frialdad analítica sigue incomodando a quienes prefieren la política como liturgia— lo formuló con precisión quirúrgica hace cinco siglos: el poder no se sostiene por la nobleza de la intención, sino por la lectura certera de las fuerzas que lo circundan.
La República Dominicana de 2026 no es la de 2020. El país que emergió de la pandemia con una reserva genuina de esperanza comienza a exhibir los signos inequívocos de la fatiga. La clase media —ese estamento silencioso que funciona como amortiguador del sistema y como termómetro de su salud— percibe que el esfuerzo crece en proporción inversa a la recompensa.
El costo de la vida ha avanzado con una velocidad que la narrativa oficial no ha logrado alcanzar.
La indexación salarial, tímida y episódica, no consigue seguirle el paso a una inflación que, aunque estadísticamente contenida, se manifiesta con terquedad en la mesa, en la farmacia y en la factura escolar. Los servicios públicos, lejos de haber experimentado la transformación estructural que se prometió, continúan operando bajo lógicas clientelares que ningún decreto ha conseguido desmontar.
En el terreno económico, el Estado transita por una cornisa estrecha. Se invoca el crecimiento, pero el ciudadano percibe endeudamiento. Se anuncian reformas, pero se postergan por prudencia electoral. Se proclama la eficiencia, mientras la permisología —ese laberinto burocrático que Kafka habría reconocido como propio— sigue asfixiando la inversión, el desarrollo y la creación de empleo genuino. Existe una diferencia sutil pero decisiva entre oír y escuchar. Un gobernante que oye registra sonidos; uno que escucha interpreta silencios. Y los silencios, en política, suelen ser más elocuentes que los discursos.
En lo social, el malestar no estalla: sedimenta. No se observan grandes movilizaciones, pero sería un error de lectura atribuir esa calma a la conformidad. Hay en ella más agotamiento que aquiescencia, más resignación que consenso. La historia enseña que la quietud aparente es, con frecuencia, el prólogo más engañoso. Roma no se transformó el día en que César cruzó el Rubicón con sus legiones. Se transformó el día en que dejó de interpretar correctamente el silencio de quienes aún podían hablarle con franqueza.
Los idus de marzo, trasladados al vocabulario de una democracia moderna, no evocan conspiraciones palaciegas ni rupturas institucionales. Designan un fenómeno más sutil y, por ello, más difícil de conjurar: la erosión gradual de la confianza, la distancia creciente entre el relato que el poder construye y la experiencia cotidiana del ciudadano que lo sostiene. Designan esa estación del gobierno en la que se confunde administrar con transformar, y durar con trascender.
Conviene decirlo sin ambigüedad: advertir no es hostigar, y recurrir a la historia no equivale a invocar su repetición. Estas líneas no constituyen un alegato partidario ni un llamado faccioso. Son, si se quiere, un ejercicio de responsabilidad cívica: la convicción de que el momento dominicano exige decisiones que acaso resulten impopulares pero que la posteridad reconocerá como necesarias. Reformas auténticas, aunque generen incomodidad. Y, sobre todo, una lectura honesta del país tal como es —con sus fracturas, sus fatigas y sus esperanzas todavía disponibles— y no del país que comparece, debidamente maquillado, en los informes oficiales.
César no atendió los idus porque la acumulación de poder le había creado la ilusión de que el tiempo era un aliado incondicional. Ningún gobernante contemporáneo, y menos uno que se proclama distinto, puede permitirse esa forma particular de soledad que consiste en escuchar solamente el eco de la propia voz.
Los idus no figuran en el calendario dominicano. Pero la historia, que es paciente y tiene una memoria formidable, reserva siempre una fecha para el poder que olvida que su primer deber no es perpetuarse, sino escuchar.
Por: Radomiro Pena. Abogado y analista político.