La Suprema Corte de los Estados Unidos de América por decisión de seis de los nueve jueces que la componen, acaban de derogar una ley del Estado de Nueva York, establecida a principio del pasado siglo, sobre el porte y tenencia de armamentos, que establecía la necesidad de una licencia, emitida por las autoridades estatales, para poder portar armas de fuego en lugares públicos.
El tiempo para anular esta legislación no pudo ser más inadecuado. En estos precisos momentos se discute en el Senado de los Estados Unidos, en un preacuerdo entre demócratas y republicanos, algo impensable solo dos semanas atrás, una ley que dificultaría la adquisición de armas de fuego por la población civil americana.
El juez Clarence Thomas, actuando como vocero, dijo que la Constitución protege “el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar”.
La Constitución de los Estados Unidos de América fue promulgada en el año 1787 y entró en vigor dos años después. Pero, en el 1791 le fueron introducidas diez enmiendas, esto quiere decir que se corrigieron errores o defectos. Que no era perfecta. En total a esta Carta Magna se le han hecho veintiocho correcciones. Una de ellas la XVIII, que fue a su vez derogada por la número XXI.
Esa enmienda XVIII, establecía la prohibición del consumo, manufactura, transporte y comercialización de cualquier tipo de bebidas alcohólicas, con poquísimas excepciones. Fue la llamada “Ley seca”. Estuvo en vigencia entre los años de 1920 y 1933. La idea era disminuir las borracheras, principalmente en los obreros, las cuales, según el criterio de sus proponentes, eran las causantes de los robos, riñas y crímenes que se cometían en la época.
La ley entró en vigor, pero el consumo de bebidas alcohólicas persistió y contrario a lo que se buscaba, creció la demanda, dando lugar a que se elevaran los precios. Esto estimuló la ilegal fabricación y venta de licores, que se convirtió en una importante industria clandestina. Las bandas delincuenciales vieron la oportunidad de un jugoso negocio. Un buen ejemplo fue Al Capone, inspiración de la famosa película, “Los intocables de Eliot Ness”.
Esta ley en vez de resolver el problema aupó el crimen organizado a unos altísimos niveles y se incrementó la delincuencia. Antes de la prohibición, en el 1920, había en las prisiones Federales de los Estados Unidos, alrededor de 4,000 reclusos, pero en 1932 esa suma sobrepasaba los 26,000.
El poder económico de estas bandas delincuenciales creció a un punto tal, que sobornaban con grandes sumas de dinero a funcionarios, jueces y autoridades encargadas de aplicar las leyes. Finalmente, en diciembre del 1933, ante su evidente inoperancia, la enmienda XXI eliminó oficialmente la XVIII y con ello la prohibición del consumo de licores. Evidenciando con esta acción que la Constitución no es infalible, que se puede modificar.
Contrario a la Ley Seca que no logró eliminar el consumo de bebidas alcohólicas, creemos que la prohibición de portar armas de guerra en la población civil en los Estados Unidos contribuiría a la disminución de los ametrallamientos masivos contra inocentes y pacíficos ciudadanos.
No es lo mismo tratar de arrestar en la calle en plena madrugada, a un ruidoso, pero inofensivo borracho, armado con una botella de ron en sus manos, cantando a todo pulmón y con voz estropajosa, que a un psicópata artillado con un AK-47 en el medio de un concierto al aire libre, listo para regar sangre y muerte.
Hagamos un intento. Suspendamos temporalmente la Segunda Enmienda de la Constitución, que permite el porte indiscriminado de armamentos de guerra en manos de ciudadanos civiles, por un periodo de cinco años y analicemos las estadísticas de crímenes cometidos con armas de fuego en ese lapso. Si baja la criminalidad, la prohibición la hacemos permanente, de lo contrario la enmendamos nueva vez. No sería la primera ocasión que esto se hace.
Para terminar, no estamos de acuerdo con la forma en que el presidente Joe Biden ha manejado su gobierno, pero esta vez nos solidarizamos con su pronunciamiento ante el veredicto del Alto Tribunal, «Esta sentencia contradice tanto el sentido común como la Constitución y debería molestarnos a todos profundamente».
Por Carlos McCoy