RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Liga Municipal Dominicana (LMD) ha convocado a representantes y consultores jurídicos de entidades asociativas municipalistas, secretarios de asuntos municipales de los partidos mayoritarios y expertos municipalistas para analizar el nuevo criterio del Tribunal Constitucional (TC) sobre las atribuciones de alcaldías y concejos de regidores en materia de uso de suelo, según la sentencia TC/1373/25.
De acuerdo a un comunicado, el encuentro, motivado por el presidente de la LMD, Víctor D´Aza, busca orientar a las autoridades municipales sobre el contenido de esta sentencia para reforzar el buen gobierno en la gestión territorial de cada ayuntamiento y junta de distrito municipal del país.
Entre los participantes se encontraban Kelvin Cruz (PRM), Ignacio Ditrén (FP), Francis Jorge (PLD) y Víctor Féliz (PRD), secretarios de asuntos municipales de sus respectivos partidos, así como Elías Reynoso, presidente de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), y representantes de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu).
La sentencia del TC responde a una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por entidades del sector privado contra la resolución 02-2021 del ayuntamiento de Higüey sobre la aprobación de uso de suelo para proyectos de alto impacto urbano.
El TC determinó que la resolución 02-2021 es inconstitucional por vicios de forma. No obstante, se refirió a la competencia de los órganos municipales en el otorgamiento de permisos de uso de suelo y construcción, estableciendo que esta es una atribución de carácter ejecutivo que pertenece a las alcaldías a través de sus oficinas de planeamiento urbano.
En este sentido, el TC señala que el concejo de regidores establece las condiciones y requisitos para estos permisos, mientras que las alcaldías ejecutan las normas al otorgarlos.
Con esta decisión, el TC abandona el precedente establecido en las sentencias TC/0226/14, TC/0296/16 y TC/0406/19.
Finalmente, la sentencia establece que la Liga Municipal Dominicana puede operar como oficina de planeamiento urbano para aquellos gobiernos locales que no dispongan de una.
