Es cuesta arriba que un Gobierno que se profesa como un estandarte de transparencia las denuncias de corrupción, falta a la ética e irregularidades ocurran con una frecuencia preocupante.
El miércoles de la semana pasada se denunció la práctica clientelar que tiene Josefa Castillo en la Superintendencia de Seguros, institución en la que hay un festín de contrataciones de perremeístas. Esto conllevó a un abultamiento pasmoso de la nómina, la que pasó de 19 millones de pesos en la gestión del PLD a 41 millones de pesos en el Gobierno del Cambio.
Una semana después sale a relucir que la CAASD violó la Ley de Compras y Contrataciones para favorecer a un funcionario público con un contrato de RD$157 millones, lo que tampoco es nuevo. Se recuerda que ya una empresa vinculada a la Vicepresidencia de la República ganó una licitación flash, que dejó más preguntas que respuestas.
También el hijo de la vocera de la Presidencia obtuvo un contrato por 100 millones en el Ministerio de Educación. Y, antes de hacerse la denuncia pública, una empresa vinculada al sobrino del Ministerio de Relaciones Exteriores había resultado “ganadora” de dos contratos en esa institución. Son solo algunos casos, la lista es extensa e incluye, sobreevaluaciones, licitaciones express para beneficiar a determinadas empresas y utilización de los procesos de emergencia para violentar los procedimientos.
Estos hechos, además de que son prácticas irregulares, tienen en común que no han tenido consecuencia. El Gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la mayoría de los casos se hacen de la vista gorda; cuando no, ordenan una investigación y apuestan al olvido. Tampoco la Procuraduría, entidad que dijo que actúa ante la denuncia pública, los nota.
Otro elemento que les caracteriza es la baja cobertura mediática, lo que impide que estos casos trasciendan más allá de las redes sociales. Invisibilizando estas acciones para grupos poblacionales que no utilizan estas herramientas y dificultando que una parte importante de la población conozca la verdadera cara de este Gobierno, que utiliza el discurso de combate a la supuesta impunidad del PLD como cortina de humo para desviar la atención ante sus actos de corrupción y falencias.
Finalmente, sobre el caso de los asesores de la OMSA, sería conveniente preguntarle a José Rijo Presbot si esta es la gestión eficiente de la que hablaba días atrás y la que supuestamente le permitió al Gobierno un ahorró los 8,280 millones de pesos en dietas, viáticos y asesorías.
POR GLENN DAVIS FELIPE CASTRO
*Periodista, locutor y comentarista de radio y tv. Ha sido relacionista público de importantes instituciones estatales y políticos de la República Dominicana.