EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La audiencia del proceso seguido a varios exfuncionarios acusados de corrupción fue suspendida este jueves luego de que la defensa del exsenador de Azua, Rafael Calderón, presentara una licencia médica de 30 días, emitida por el urólogo oncólogo David Soriano.
“Calderón se contagió de una bacteria que lo mantuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos. Aunque fue dado de alta ayer, el médico certificó que requiere otros 30 días de reposo por el tiempo que permaneció en estado delicado”, informó su abogado.
La defensa sostuvo ante el tribunal que, pese a esta situación, su cliente siempre ha mostrado interés en asistir a las audiencias, aun cuando las recomendaciones médicas indican lo contrario.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, expresó que una licencia médica tan prolongada constituye “una afectación al plazo razonable”, tomando en cuenta que los demás imputados están presentes y en condiciones de continuar con la audiencia preliminar.
Ramírez enfatizó que el tribunal evalúa de manera individual las circunstancias de cada procesado y que no se deben comparar situaciones entre distintos acusados para influir en la decisión judicial. Sin embargo, advirtió que 30 días es un tiempo excesivo dentro del contexto procesal.
Atendiendo a un pedimento del Ministerio Público, que calificó de “coherente”, la magistrada dispuso corroborar el contenido de la licencia con una evaluación médica realizada por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Estos peritos tendrán plazo hasta este viernes a las 2:00 de la tarde para presentar su informe.
En consecuencia, la jueza aplazó la audiencia y ordenó la evaluación médica del imputado por parte de profesionales avalados por el Inacif, a fin de determinar su condición real y garantizar la continuidad del proceso en condiciones de legalidad y equilibrio para todas las partes.
El Ministerio Público presentó acusa a 46 personas vinculadas a hechos de corrupción administrativa cuyo expediente involucra principalmente a los exministros José Ramón Peralta, de la Presidencia, Donald Guerrero, de Hacienda y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
También, Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, ex directores de Casinos y Juegos de Azar, entre otros.
Se les implica de asociarse para sustraer del Estado miles de millones de pesos.
