La Junta Central Electoral (JCE) volvió a introducir al Congreso Nacional el proyecto de ley de partidos políticos y también la de ley electoral, siendo la quinta vez que la JCE introduce los proyectos en cuestión, luego de que los presentara por primera vez en el año 2011 y reintroducidos en 2013, 2014 y 2017. En todas esas ocasiones han perimido.
La del 2017, se puede decir que fue la oportunidad más cercana que se tuvo para ser aprobada al consensuarse el 90%, lo cual lamentablemente dio un parón cuando se llegó al tema del tipo de primarias para escoger los candidatos a nivel presidencial, congresual y municipal, entre los métodos para el tipo de primarias están el famoso padrón abierto o también universal que se haría a través del padrón de la JCE y el padrón cerrado, también conocido como el padrón de los partidos políticos.
Ese tema del tipo de primarias abrió un largo debate a nivel nacional por lo que implica unas primarias abiertas, de la cual había muchas posturas a favor y como en contra, el caso más evidente visto de esas posturas es en el partido oficialista donde sus dos líderes: Leonel Fernández y Danilo Medina, estando en contra y a favor respectivamente sobre el padrón abierto, generando así un conflicto entre ambas partes que no pudo resolverse antes de 12 de enero, fecha que perimió la ley.
Para nadie es un secreto que durante más 15 años ha habido una fuerte resistencia en el sistema de partidos, a la aprobación de reformas que supondrían un mayor control y fiscalización de la vida interna de los partidos políticos y de los procesos electorales. Hasta el momento, los líderes políticos no han dado muestra de su voluntad real para limitar los factores que generan inequidad en la competencia electoral, entre ellos, la entrada ilimitada y opaca de dinero en la política.
Esta actitud supone un riesgo muy alto para la estabilidad política de la República Dominicana. El desinterés en las reformas políticas y electorales puede llevar a que asistamos a un nuevo proceso electoral sin un marco legal adecuado para su regulación. El presidente de la JCE indicó recientemente que si la ley de partidos y la electoral no se aprueban antes de agosto de este año, no podrían entrar en vigencia para las elecciones del 2020. Unas elecciones de por sí complejas, pero además, sin reformas electorales previas, podrían derivar en una profunda crisis electoral que ponga en juego la gobernabilidad democrática en el país.