Ley 87-01: crónica de una reforma postergada en la seguridad social dominicana

La Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), fue promulgada en mayo de 2001 con la ambiciosa meta de garantizar la protección social integral a todos los ciudadanos dominicanos mediante tres regímenes: Contributivo, Subsidiado y Contributivo-Subsidiado. Sin embargo, a 24 años de su implementación, múltiples distorsiones, vacíos normativos y una limitada cobertura han generado un sistema altamente cuestionado y con una creciente demanda de reformas profundas. Este artículo aborda los principales desafíos actuales y analiza las propuestas de reforma estructural impulsadas por diversos sectores sociales.

Desde su entrada en vigor, la Ley 87-01 ha tenido avances significativos en la afiliación al seguro familiar de salud en el régimen contributivo. Según la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), al cierre de 2024, más de 4.9 millones de personas están afiliadas al régimen contributivo y cerca de 3 millones al subsidiado. No obstante, existen serias deficiencias en la calidad del servicio, cobertura en enfermedades catastróficas y baja protección en los regímenes de pensiones y riesgos laborales y aun persiste una brecha de afiliación a pesar de los esfuerzos de las autoridades.

En el ámbito de las pensiones, la capitalización individual ha demostrado ser ineficiente para garantizar jubilaciones dignas. El monto promedio de las pensiones proyectadas no supera el 25% del salario base. Además, cerca de un millón de afiliados no ha cotizado lo suficiente como para acceder a una pensión contributiva. Por otro lado, los seguros de riesgos laborales no han logrado una cobertura efectiva frente a las condiciones laborales precarias de muchos trabajadores, sobre todo en el sector informal.

24 años después persisten rezagos en la aplicación de la ley, podría decirse que el Estado Dominicano, violenta sus propias leyes, aún está pendiente la implementación del Régimen Contributivo-Subsidiado, destinado a trabajadores por cuenta propia con ingresos limitados. La intención del legislador fue buena pero en la practica inviable, fue una innovación, pero es evidente que no es aplicable

La Atención Primaria como puerta de entrada al sistema de salud, El Seguro de Desempleo, el fondo de prevención de accidentes de tránsito, entre otros aspectos que contempla la Ley y que han convertido en letra muerta, alguna de ellas con sentencia de la suprema corte de justicia como lo es el artículo que establece que todos los empleados públicos deben estar afiliados al Seguro Nacional de salud. El que el sistema tenga una sola cápita y un solo plan básico de salud para todos los afiliados, en fin, la lista de incumplimientos es larga

La pregunta obligada es que reformar entonces, si todavía no se ha implementado en toda su extensión, visto que lo no implementado es porque no tiene viabilidad política, ni técnica, entonces se podría iniciar la reforma por eliminar todos estos elementos que la práctica a demostrado su inviabilidad.

En lo que existe consenso, pero tampoco se aplica es en la necesidad de una revisión del modelo de pensiones basado en la capitalización individual, hacia un sistema mixto solidario, con lo conservadora que es la sociedad dominicana, es prácticamente imposible que se vayan las ARS y las AFPs, como han propugnado algunos grupos organizados.

Así mismo existe consenso, en la necesidad de al aplicación del primer nivel de atención como estrategia de organización de la prestación de los servicios de atención medica.

Y un elemente que no debe olvidarse en una posible reforma y digo posible pues hace mas de 10 años que se habla de la necesidad de reformar la ley es un imperativo que nos aboquemos a un sistema único de gobernanza y que todo lo relativo a salud de la población y los sistemas de atención sean responsabilidad del sistema de salud y que la seguridad social, sea solo el instrumento de financiamiento del sistema de salud, en una próxima entrega hare referencia a esta propuesta. Esta altamente demostrado lo ineficiente e inequitativos que son los sistemas basados en entrega de paquetes de servicios como es el nuestro, si queremos tener cobertura de la seguridad social, tememos que elegir una de las enfermedades que están en el catálogo. De los contrario no tendremos cobertura y tendremos que pagar de nuestro bolsillo, aunque nuestro empleador y el mismo afiliado estén recibiendo su descuento religiosamente, y ni que hablar de las llamadas catastróficas

De las últimas propuestas a la Ley 87-’01 la que responde mejor a las necesidades de la población dominicana es la que ha presentado.
La Coalición por una Seguridad Social Digna. Entre sus puntos fundamentales destacan:
Garantía de pensiones mínimas suficientes para una vida digna.
Eliminación de las ganancias excesivas de las AFP y ARS.
Universalización del acceso a servicios de salud sin copago.
Creación de un seguro nacional único, administrado por el Estado.

Esperamos que no se siga procrastinando esta reforma, pues hoy cuando un dominicano tiene alguna situación de salud, casi siempre ve violentado su derecho fundamental y constitucional y simplemente no pada nada, termina pagando de sus pírricos salarios y muchas veces tiene que endeudarse para recuperar la salud perdida, pero tampoco tenemos políticas que promuevan la salud con un bien público y un derecho ciudadano. El país necesita voluntad política, técnica y social para transformar un sistema que ha quedado rezagado frente a las demandas de su población.

Referencias bibliográficas

1. Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Gaceta Oficial No. 10028, 2001.
2. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). Informe Anual 2024.
3. Coalición por una Seguridad Social Digna. Propuesta de Reforma Integral al SDSS. 2023.
4. Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Boletín Estadístico, diciembre 2023.
5. Núñez M. Pensiones y Seguridad Social en República Dominicana: evaluación crítica. FLACSO; 2022.
6. CEPAL. Protección social en América Latina: avances y desafíos. 2021.

Por: Dr. Rafael Montero

Salubrista, investigador, experto en seguridad social y gestión de proyectos docente de la Escuela de Salud Pública, FCS/UASD y Candidato a Decano 26/30