RESUMEN
La Ley 155-17 de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana constituye un pilar fundamental para la protección del sistema financiero y económico del país. En el caso de las cooperativas, cumplir con esta normativa no solo es un deber legal, sino también un compromiso ético y social. Su aplicación no solo resguarda a estas instituciones de posibles sanciones, sino que también fortalece su integridad y contribuye a un ambiente financiero más seguro. A continuación, un análisis detallado de su importancia y beneficios.
- Cumplimiento con Estándares Internacionales
La Ley 155-17 coloca a la República Dominicana en línea con las normativas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos internacionales dedicados a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Las cooperativas, al formar parte del sector financiero, están sujetas a estas regulaciones y deben adoptar medidas de prevención para evitar que sean utilizadas como vías para actividades ilícitas.
Impacto del incumplimiento:
- Posibles sanciones internacionales para el país.
- Deterioro de la reputación del sistema financiero dominicano.
- Limitaciones en el acceso a mercados globales y alianzas financieras internacionales.
Adaptarse a estos estándares no solo permite evitar sanciones, sino que también proyecta una imagen de transparencia y confianza en la comunidad financiera internacional.
- Protección de la Integridad del Sistema Financiero
Las cooperativas manejan recursos económicos de miles de socios, lo que las convierte en un objetivo potencial para actividades de lavado de dinero. Sin controles adecuados, podrían ser utilizadas para introducir fondos de origen ilícito al sistema financiero formal, lo que podría comprometer su estabilidad y confiabilidad.
Medidas clave establecidas en la Ley 155-17:
Debida Diligencia: Identificación y verificación de la identidad de los socios y clientes.
Reporte de operaciones sospechosas: Notificación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones que puedan representar un riesgo.
Control de operaciones en efectivo: Registro y limitación de movimientos que superen los umbrales establecidos por la ley.
Estas medidas son fundamentales para evitar que las cooperativas sean utilizadas como medio para actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción o la evasión fiscal, asegurando así su transparencia, integridad y cumplimiento normativo.
Protegen a los socios y la comunidad en general de posibles implicaciones legales o financieras derivadas del uso indebido de sus fondos.
- Prevención de Riesgos Legales y Sanciones
El incumplimiento de la Ley 155-17 no solo pone en riesgo la estabilidad financiera de una cooperativa, sino que también puede conllevar serias sanciones, tales como:
- Multas económicas elevadas.
- Cancelación de la personería jurídica de la cooperativa.
- Deterioro de la confianza de los socios y entidades reguladoras.
Ejemplos de sanciones:
En 2021, la UAF sancionó a diversas entidades financieras, incluidas cooperativas, por no reportar operaciones sospechosas, evidenciando la rigurosidad con la que se aplica la normativa.
Para evitar estos riesgos, las cooperativas deben asegurarse de implementar políticas de cumplimiento y auditorías internas efectivas.
- Fortalecimiento de la Gobernanza Interna
La ley también promueve una mayor disciplina y control interno dentro de las cooperativas, lo que mejora la gestión administrativa y refuerza su sostenibilidad a largo plazo.
Requisitos clave para las cooperativas:
- Designación de un Oficial de Cumplimiento encargado de supervisar la aplicación de la ley.
- Capacitación continua para empleados y directivos sobre detección de riesgos financieros.
- Auditorías internas y externas para evaluar y mejorar los procesos de prevención de lavado de activos.
Estas medidas permiten que las cooperativas operen con mayor transparencia y credibilidad, lo que a su vez las hace más atractivas para socios y entidades financieras interesadas en colaborar con ellas.
- Contribución a la Seguridad Nacional
El lavado de activos no solo afecta la economía, sino que también está vinculado con actividades criminales de gran escala, como el financiamiento del terrorismo, la trata de personas y el crimen organizado.
Las cooperativas, al implementar controles estrictos, contribuyen directamente a:
- Desarticular redes de economías ilegales.
- Evitar que fondos de origen criminal ingresen al sistema financiero formal.
- Proteger a los socios y sus ahorros.
Este compromiso con la seguridad refuerza la posición de las cooperativas como instituciones responsables y comprometidas con el bienestar social.
- Contexto Dominicano: Vulnerabilidades Específicas
La República Dominicana es un país con alto dinamismo económico y una ubicación estratégica en el Caribe, lo que la convierte en un punto de interés para redes criminales dedicadas al lavado de dinero.
Sectores específicos, como el turismo, la construcción y las remesas, han sido identificados como de alto riesgo. Las cooperativas, al operar en un entorno con amplio manejo de efectivo, deben ser particularmente cuidadosas en la aplicación de medidas preventivas.
Factores de riesgo:
- Alto flujo de dinero en efectivo.
- Amplia presencia en zonas rurales con menor supervisión.
- Posibles clientes con ingresos de origen dudoso.
El reconocimiento de estos riesgos permite que las cooperativas adopten estrategias específicas para protegerse y cumplir con la legislación vigente.
Conclusión
La Ley 155-17 no debe verse como una simple imposición legal, sino como una herramienta para fortalecer el cooperativismo en la República Dominicana. Su correcta aplicación permite:
- Proteger la legitimidad y credibilidad de las cooperativas.
- Garantizar el desarrollo económico en un entorno limpio y transparente.
- Evitar sanciones que podrían comprometer la estabilidad institucional.
Las cooperativas que adopten un enfoque preventivo y de cumplimiento no solo evitarán problemas legales, sino que también se consolidarán como instituciones confiables y éticas. En un mundo cada vez más exigente en términos de regulación financiera, el compromiso con la Ley 155-17 es una garantía de sostenibilidad y éxito a largo plazo.
Aunque la Ley 127-64 Sobre Asociaciones Cooperativas data de 1964 y algunos la consideran obsoleta, su estructura sigue siendo sólida. Si bien se ha señalado que las cooperativas tienen pocas regulaciones, la Ley 155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos ha venido a fortalecer el sector, aportando mayor transparencia y seguridad. Con su cumplimiento, las cooperativas seguirán mejorando cada día, consolidando su papel como pilares del desarrollo económico y social.
«La Ley 155-17 no es solo un mandato legal, sino el escudo que protege la transparencia y solidez de las cooperativas dominicanas, fortaleciendo la confianza y el desarrollo sostenible.»
Por: Víctor Ventura, presidente C.A. COOPEMIC