La grave situación de colapso institucional en Haití ha colocado a la República Dominicana ante un reto existencial: proteger su soberanía, su estabilidad interna y su tejido social frente a una presión migratoria creciente y descontrolada. En este contexto, el presidente Luis Abinader ha convocado para el 14 de mayo a los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía a una reunión en el Palacio Nacional con el propósito —al menos formal— de consensuar una política de Estado.
Sin embargo, el trasfondo de esta convocatoria evidencia algo más complejo. El gobierno dominicano ha demostrado, desde 2020, una estrategia migratoria marcada por la superficialidad, las reacciones momentáneas y la búsqueda de respaldo internacional, más que por un compromiso sostenido con la seguridad fronteriza y el respeto de su propia legislación. La Ley 285-04 existe, pero no se aplica con rigor ni continuidad. Se deporta cuando conviene al discurso mediático o ante presiones de actores externos, principalmente Estados Unidos, pero luego se permite un retorno casi inmediato de los mismos migrantes irregulares en una suerte de “puerta giratoria”, manejada por redes de tráfico humano que operan con impunidad y, en muchos casos, bajo protección de sectores poderosos.
En ese escenario, la respuesta del expresidente Leonel Fernández ha sido tan firme como necesaria. Ha aceptado la invitación al diálogo, pero ha dejado claro que no será “vagón de cola” de un gobierno que busca repartir responsabilidades sin haber asumido las suyas. Su participación no significa un aval a políticas erráticas ni a la inacción que ha caracterizado la gestión actual, sino un acto de responsabilidad patriótica; acudir a proponer, exigir coherencia y llamar a construir verdaderas soluciones de largo plazo.
Fernández no es un espectador pasivo de la crisis haitiana. Desde hace tiempo ha advertido sobre la necesidad de un acuerdo nacional amplio y sincero, que enfrente de manera sistemática la migración irregular, desarticule las mafias fronterizas, fortalezca el aparato institucional del Estado y garantice el respeto a los derechos humanos de quienes ingresan o residen en el país. Pero no a costa de la soberanía ni bajo imposiciones externas disfrazadas de cooperación.
Lo que el presidente Abinader propone como diálogo no puede limitarse a una fotografía de unidad ni a una mesa decorativa para justificar lo que ya se ha decidido. La situación de Haití requiere una política dominicana seria, sustentada en leyes, instituciones y controles reales. Y para ello, se necesita más que gestos políticos; se requiere voluntad, planificación y coraje.
Leonel Fernández, acude al Palacio con la frente en alto y el alma libre representando no solo a una oposición firme y estructurada, sino también a millones de dominicanos que exigen soluciones auténticas. No será parte de un simulacro. Será, como ha sido en los momentos decisivos de la historia nacional, una voz crítica, serena y comprometida con el porvenir del país. Porque cuando la patria está en juego, no hay espacio para la complicidad ni para el silencio.
Hay que dialogar, sí, pero con la verdad sobre la mesa y el interés nacional como único norte.
Por José Peña Santana