RESUMEN
La reforma del Código Penal de la República Dominicana se ha convertido en uno de los procesos legislativos más prolongados y controversiales en la historia democrática reciente del país. Desde hace más de dos décadas, distintos sectores sociales, políticos y religiosos han debatido sin consenso una propuesta que busca modernizar una legislación que data del siglo XIX. La falta de acuerdo sobre temas claves, especialmente en lo concerniente a la despenalización del aborto en tres causales, ha provocado el estancamiento de su aprobación en el Congreso Nacional, con profundas consecuencias para el sistema judicial y la sociedad dominicana en su conjunto.
La discusión para reformar el Código Penal dominicano inició formalmente en el año 1997, con el objetivo de actualizar una normativa anacrónica, promulgada originalmente en 1884, heredada del modelo francés. Desde entonces, múltiples propuestas han sido introducidas en el Congreso Nacional, siendo discutidas en ambas cámaras sin llegar a la aprobación final. El principal obstáculo ha sido la inclusión de un artículo que propone despenalizar el aborto en tres circunstancias excepcionales: cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo sea resultado de una violación o incesto, y cuando se detecten malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.
El principal factor que impide la aprobación del nuevo Código Penal es la falta de consenso en torno a las llamadas “tres causales” para permitir la interrupción del embarazo. Grupos religiosos conservadores han ejercido una fuerte presión sobre los legisladores para mantener la penalización absoluta del aborto, argumentando la defensa de la vida desde la concepción. Por otro lado, organizaciones feministas, de derechos humanos y sectores académicos sostienen que mantener la penalización total viola derechos fundamentales de las mujeres, especialmente en casos extremos.
A este conflicto ideológico se suman factores políticos, como la falta de voluntad de algunos congresistas para asumir costos electorales, el temor a perder respaldo en sectores conservadores, y la fragmentación interna de los partidos políticos que impide una postura común frente a este tema.
La ausencia de un nuevo Código Penal actualizado tiene múltiples implicaciones. En el ámbito jurídico, dificulta la persecución eficaz de delitos modernos como el feminicidio, la violencia sexual digital, la corrupción y los delitos ambientales, que no están debidamente tipificados o sancionados en el código vigente. En términos sociales, perpetúa la criminalización de mujeres que enfrentan embarazos inviables o peligrosos, forzándolas en muchos casos a recurrir a abortos clandestinos e inseguros. Cuanto mas retrasemos la aprobación de la legislación, más vidas perdemos y más mujeres verán afectada su salud.
Asimismo, la no aprobación proyecta una imagen de inercia institucional, donde el Congreso no logra responder de manera oportuna a las necesidades cambiantes de la sociedad. La falta de actualización legal representa un rezago normativo que afecta la capacidad del Estado para ofrecer justicia eficaz y protección de derechos.
La postergación indefinida del nuevo Código Penal dominicano representa una deuda histórica del Congreso con la ciudadanía. Más allá del debate sobre el aborto, el país necesita una legislación penal moderna, integral y equilibrada que garantice derechos, proteja a las víctimas y enfrente los desafíos de la criminalidad actual. Mientras no se supere el impasse ideológico y político, el vacío legal continuará afectando la justicia penal y perpetuando la desigualdad en el acceso a derechos fundamentales, especialmente de las mujeres más vulnerables.
Rompamos el mito de que la aprobación del código con las excepciones es aprobar la legalización del aborto, es un tema de salud de las mujeres
Referencias
CEDESO. (2021). Informe sobre el estado de la reforma del Código Penal en la República Dominicana. Centro de Estudios Sociales y Políticos.
Centro Juan XXIII. (2020). Reforma penal en República Dominicana: retos legislativos y dilemas éticos. Santo Domingo: Centro Juan XXIII.
Fundación Institucionalidad y Justicia. (2022). Diagnóstico jurídico sobre la tipificación penal de delitos modernos. FIJURIS.
Jiménez Polanco, Y. (2022). La lucha por las tres causales en la República Dominicana: una revisión crítica. Revista Dominicana de Derecho y Sociedad, 34(2), 45-62.
Morillo Pérez, M. (2021). Salud, derechos reproductivos y criminalización del aborto en contextos restrictivos: el caso dominicano. Revista Latinoamericana de Salud Pública, 15(3), 113-128.
El autor es salubrista, investigador, experto en Seguridad Social y gestión de Proyectos Docente de la Escuela de Salud Pública, candidato a Decano FCS/UASD. 26/30
Por: Dr. Rafael Montero.