RESUMEN
En los viejos pueblos del Caribe las campanas no siempre anunciaban lo que parecía evidente. Había una para los nacimientos, otra para los entierros, una tercera para los incendios y, a veces, una cuarta que no estaba colgada en ninguna torre visible, pero cuyo sonido se aprendía a reconocer con los años, como se reconoce el olor de la tormenta antes de que caiga la primera gota. Esa cuarta campana no convocaba multitudes ni pedía auxilio: advertía.
Muchos oficiales dominicanos que hace treinta o cuarenta años cruzaban los portones de Fort Benning, en Georgia, para realizar el Curso de Comando y Estado Mayor, recuerdan todavía una advertencia que se repetía con la precisión de una consigna moral: el mayor peligro para quienes combaten el narcotráfico no es el enemigo armado, sino la corrupción silenciosa que se infiltra por la rendija más humana del poder —la tentación de creerse imprescindible.
Aquella advertencia, que en su momento sonaba como una reflexión académica propia de manuales militares, hoy resuena con una claridad inquietante a la luz de las nuevas informaciones que han emergido tras el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo y la investigación que condujo al arresto de un supervisor vinculado presuntamente al abuso de un programa de visas para informantes confidenciales.
Las campanas, entonces, ya no son tres. Son cuatro.
La primera campana fue la diplomática: la embajadora de los Estados Unidos anunció el cierre temporal de la oficina de la DEA en el país mientras se realiza una investigación interna, acompañando la decisión con una frase que no era un grito sino una sentencia disciplinaria: no se tolerará la corrupción ni el uso del cargo oficial para beneficio propio. En la diplomacia, esa precisión es una forma de cirugía verbal: corta sin sangrar, señala sin acusar directamente y deja intacta la arquitectura de la alianza bilateral.
La segunda campana fue la de la opinión pública internacional, que escuchó la palabra “corrupción” y la tradujo de inmediato a un lenguaje más amplio: sospecha estructural. Así funcionan los ecos en el sistema global. Un hecho interno de una agencia extranjera puede convertirse, en cuestión de horas, en una sombra que parece proyectarse sobre el país anfitrión, aunque jurídicamente no exista imputación alguna contra sus instituciones.
La tercera campana sonó desde la prudencia diplomática dominicana. La Cancillería recordó que se trata de una investigación interna del propio gobierno estadounidense y que la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico continúa siendo sólida. Era el mensaje necesario para evitar que un episodio disciplinario se transformara en un litigio político entre Estados.
Pero ahora, con la revelación del arresto de un funcionario vinculado presuntamente al manejo irregular de un programa de visas para informantes, aparece la cuarta campana: la institucional. Esa campana no cuestiona la alianza, ni el marco general de cooperación, ni la voluntad de combate al crimen transnacional. Lo que hace es más delicado: pone en evidencia que incluso los sistemas creados para combatir la ilegalidad son vulnerables a las mismas desviaciones que intentan erradicar.
Y ahí surge la pregunta inevitable: ¿falta algo más?, ¿un factor adicional que explique la gravedad simbólica del episodio más allá del hecho puntual investigado?
La respuesta, si se observa con la paciencia que exige la historia diplomática, es que sí: el factor humano estructural.
Durante décadas, en los programas de formación militar y de seguridad de los Estados Unidos, se insistió en que el narcotráfico no es solo un fenómeno criminal, sino un ecosistema económico clandestino con capacidad para corromper, infiltrar y distorsionar instituciones enteras. Se advertía que los oficiales encargados de combatirlo vivirían en una zona gris donde el enemigo no siempre lleva uniforme y donde la línea entre el informante y el cómplice puede volverse peligrosamente difusa.
Ese era el núcleo de la advertencia de Fort Benning: quien administra información confidencial, maneja recompensas, visados especiales o identidades protegidas, ejerce un poder extraordinario que, si no es vigilado con rigor casi ascético, puede transformarse en un privilegio personal.
La investigación en curso parece moverse precisamente en ese terreno delicado: el uso de mecanismos excepcionales —como programas de visas para informantes— que son indispensables para infiltrar redes criminales, pero que al mismo tiempo crean zonas de discrecionalidad susceptibles de abuso. No se trata, entonces, únicamente de un caso individual bajo investigación, sino de un recordatorio institucional de que la lucha contra el narcotráfico obliga a operar en márgenes donde la transparencia absoluta es imposible y donde la tentación del desvío siempre acecha.
Ese es el factor adicional que completa el cuadro: la paradoja estructural de la seguridad internacional. Los mismos instrumentos que permiten penetrar organizaciones criminales requieren niveles de confidencialidad y discreción que, si no se supervisan con extremo cuidado, pueden abrir espacios para conductas indebidas.
Lo aprendí en Roma, donde el poder verdadero no se exhibe en los balcones sino en los archivos. Allí comprendí que las instituciones más sólidas del mundo se sostienen no por la ausencia de errores, sino por su capacidad de detectarlos y corregirlos sin destruir el edificio completo. Cuando el Vaticano investigaba internamente un caso delicado, el mensaje no era que el sistema había colapsado, sino que estaba funcionando: se auditaba a sí mismo para sobrevivir.
Algo similar parece estar ocurriendo ahora. El hecho de que la investigación sea encabezada por el propio Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y eventualmente supervisada por la Fiscalía del Distrito de Columbia sugiere que el sistema disciplinario interno de la potencia norteamericana ha entrado en acción. No estamos ante un escándalo negado, sino ante un problema reconocido y sometido a proceso.
Sin embargo, la dimensión simbólica en el Caribe es inevitable. La República Dominicana no es un territorio periférico en el tablero del narcotráfico hemisférico; es un punto estratégico de tránsito, comercio y cooperación. Cualquier revisión operativa en una agencia clave como la DEA resuena, por tanto, como un ajuste en los mecanismos invisibles de la seguridad regional.
Aquí conviene introducir una reflexión más profunda. La lucha contra las drogas ha evolucionado desde un modelo puramente represivo hacia una arquitectura compleja que incluye inteligencia financiera, cooperación judicial, infiltración de redes y manejo de informantes protegidos. Ese modelo, sofisticado y necesario, incrementa el margen de discrecionalidad de quienes operan en el terreno. Y cuanto mayor es la discrecionalidad, mayor es la necesidad de controles internos rigurosos.
Por eso la advertencia de Fort Benning no era retórica: era la síntesis de décadas de experiencia acumulada en múltiples países donde la frontera entre el informante y el funcionario, entre la recompensa legítima y el beneficio indebido, se volvía peligrosamente tenue.
La cuarta campana, entonces, no acusa: recuerda. Recuerda que ningún sistema de seguridad es inmune a la condición humana; que la corrupción no siempre proviene del adversario externo sino, a veces, de la fragilidad interna; y que la credibilidad de una alianza internacional se sostiene no en la ilusión de pureza absoluta, sino en la capacidad de reconocer y sancionar desviaciones cuando aparecen.
¿Falta algo más? Tal vez sí: el factor geopolítico silencioso. En un mundo donde las rutas del narcotráfico se entrecruzan con flujos financieros globales y con intereses estratégicos de potencias mayores, cada gesto disciplinario interno tiene también una dimensión de mensaje externo. Al cerrar temporalmente una oficina y someter a investigación a un funcionario propio, Washington reafirma ante sus socios que su política antidrogas no admite zonas de impunidad ni siquiera dentro de sus propias estructuras. Es una señal de control institucional que, paradójicamente, busca fortalecer la confianza bilateral a largo plazo.
Así, las cuatro campanas no anuncian catástrofe ni ruptura, sino recalibración. La primera advirtió; la segunda interpretó; la tercera contuvo; y la cuarta —la más antigua de todas, la que ya sonaba en Fort Benning hace décadas— recordó que la lucha contra el narcotráfico es también una lucha permanente contra la corrupción potencial de quienes la libran.
En el Caribe, donde la memoria histórica es larga y las tormentas regresan con nombres distintos, esas campanas no deben escucharse con alarma estridente ni con indiferencia cínica. Deben escucharse con la serenidad de quien entiende que las alianzas estratégicas, como los navíos en alta mar, requieren ajustes periódicos de su brújula para no desviarse imperceptiblemente del rumbo.
La historia dirá, con el paso de los meses, si este episodio fue solo una depuración interna necesaria o el preludio de transformaciones más profundas en los mecanismos de cooperación antidrogas en la región. Por ahora, lo único claro es que la advertencia de hace cuarenta años sigue vigente: el mayor peligro para quienes combaten los grandes males del mundo no es el enemigo visible, sino la erosión invisible de la confianza.
Y cuando esa confianza se examina, se investiga y se corrige, las campanas no anuncian un final. Anuncian, más bien, que el sistema ha decidido escucharse a sí mismo antes de que el silencio se vuelva cómplice.