RESUMEN
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que abre la puerta a las candidaturas independientes en la República Dominicana ha desatado un intenso debate. A simple vista, parecería una medida que fortalece la democracia al permitir que cualquier ciudadano pueda aspirar a un cargo público sin la necesidad de un partido político. Pero, si miramos más allá de la superficie, nos damos cuenta de que esta decisión puede traer consigo más peligros que beneficios si no se regula con firmeza y claridad.
No podemos negar que las candidaturas independientes pueden servir como una alternativa fresca en un sistema político desgastado por la falta de confianza en los partidos tradicionales. Permiten que ciudadanos comprometidos, pero alejados de las estructuras partidarias, tengan la oportunidad de representar sus territorio sin las ataduras de la política convencional. Además, pueden despertar mayor participación en un electorado que, en las pasadas elecciones, mostró una preocupante abstención.
Pero aquí viene la gran pregunta: ¿estamos listos para este nivel de libertad electoral? Porque una cosa es permitir la participación democrática y otra muy distinta es abrir la compuerta para que cualquiera, sin filtros ni reglas claras, se postule a un cargo público. En un país donde con frecuencia prima el oportunismo, basta con que alguno tenga detrás dos aduladores, un ego inflado, crédito en el banco y la cédula en mano, para tener gente pensando que puede ser presidente.
Y si a esto le sumamos la posibilidad de que estas candidaturas se financien sin una regulación clara, estamos frente a un serio peligro: el dinero ilícito y el narcotráfico permeando el corazón de nuestro sistema político. ¿Quién nos asegura que detrás de una candidatura independiente no haya intereses oscuros moviendo los hilos? ¿Quién fiscaliza de dónde salen los fondos para esas campañas?
Otro punto alarmante es el impacto que esto puede tener en el sistema de partidos. Nos guste o no, los partidos políticos son la base de la democracia, y si empezamos a desmantelarlos sin una estructura alternativa sólida, lo que nos espera es la anarquía electoral. Un sistema sin partidos fuertes es un sistema vulnerable, expuesto a que figuras populistas sin preparación, pero con un buen discurso en el mejor de los casos y el dinero suficiente, lleguen al poder.
Para ponerlo en términos claros: ¿queremos un Milei en la República Dominicana? Y no hablo del Milei que ha generado cambios en Argentina, sino de una versión que, en nuestro contexto, podría llevarnos al deterioro político, económico y social.
El caos logístico que nadie menciona. Más allá del impacto político y financiero, hay una parte crucial de este tema que muchos no han tomado en cuenta: la carga que esto supondría para la Junta Central Electoral. Porque una cosa es hablar de apertura democrática y otra muy diferente es implementar un proceso electoral en el que cada boleta tenga que incluir un sinfín de nombres, con candidaturas independientes en múltiples niveles, lo que complicaría el ensamblaje, la distribución, el conteo de los votos y, por ende, la publicación de los resultados.
Habría un margen de error elevadísimo, con una cantidad de votos nulos que podría afectar la legitimidad de los ganadores. Y si a esto sumamos la falta de personal suficiente para manejar este nivel de complejidad en la logística electoral, el problema se vuelve aún más grave. ¿Cómo organizaríamos el conteo? ¿Cómo garantizaríamos transparencia? Y, sobre todo, ¿cómo evitaríamos que los recintos electorales se conviertan en mítines descontrolados, con cada candidato independiente movilizando su propio ejército de delegados y activistas? Esto podría derivar en una situación caótica, casi inmanejable.
A propósito de esta sentencia, en la República Dominicana se han suscitado varios debates que han puesto en el centro de la conversación el papel de los partidos políticos en nuestra democracia. Las principales organizaciones han presentado su postura, y este tema ha sido ampliamente discutido en las altas esferas del gobierno, desde el Congreso Nacional hasta las mesas de análisis político. Opiniones encontradas han salido a relucir, lo que deja claro que estamos frente a una decisión que requiere mucho más que una simple validación legal: requiere visión, responsabilidad y compromiso con el futuro del país.
Y aquí es donde los partidos políticos deben hacer una pausa y notar que veladamente esta sentencia es un llamado de atención. Un llamado a fortalecer la democracia desde adentro, a abrir más espacios de participación, a resaltar la meritocracia y, sobre todo, a incentivar a las personas, en especial a los jóvenes, a involucrarse en la política. No basta con abrirles la puerta, hay que brindarle confianza, demostrarles que pueden creer no solo en los partidos políticos, sino en el sistema de partidos y en la democracia misma.
Porque todos somos parte de la política. La ejercemos a diario, queramos o no. Y si bien es cierto que hay malos ejecutores de la política, la política en sí misma no es mala. La política es el arte de servir, se traduce en amor. Es la herramienta que nos permite impactar y transformar la vida de los demás, ya tu decides si ese impacto será positivo o negativo.
La sentencia del Tribunal Constitucional no solo debe revisarse, debe ser debatida y regulada. No podemos simplemente abrir las puertas sin establecer normas claras que definan quién puede aspirar y bajo qué condiciones. Es urgente que se establezca un marco de requisitos que garantice que solo aquellos con la capacidad, la integridad y la preparación adecuada puedan postularse.
Debe existir un límite claro, un perfil bien definido y, sobre todo, un control estricto del financiamiento. No podemos permitir que cualquier persona, con dinero sin origen verificado, se convierta en candidato. Es imperativo que las candidaturas independientes tengan un filtro que garantice que quienes aspiran a gobernarnos lo hagan con responsabilidad y dentro de los márgenes legales y éticos adecuados.
Y aquí es donde surge una pregunta interesante: ¿cómo es posible que todos los partidos, sin importar ideologías, hayan coincidido en la necesidad de regular estas candidaturas independientes? Oficialistas y opositores, en un abrir y cerrar de ojos, encontraron consenso para presentar un proyecto de ley que ponga límites a esta figura. Y eso nos hace cuestionarnos: si lograron ponerse de acuerdo tan rápido en este tema, ¿por qué no pueden hacerlo para fortalecer el sistema de partidos, brindar oportunidades reales a los ciudadanos y trabajar en políticas públicas que devuelvan la confianza en la democracia?
Porque si para esto hubo consenso inmediato, también lo puede haber para transformar la política dominicana en algo más que un juego de intereses. No se trata de cerrarle el paso a la participación, sino de garantizar que esa participación se haga con responsabilidad y visión de futuro. La libertad en exceso se convierte en libertinaje, y la democracia sin reglas claras se vuelve un caos.
Al final del día, la política no es solo para el que quiera, sino para el que pueda y deba.
Por: Suleica Martínez.