La infraestructura es uno de los grandes determinantes del desarrollo económico y social. Sin caminos seguros, agua potable, transporte público eficiente o redes de energía confiables, ningún país puede avanzar de forma sostenida. República Dominicana enfrenta este desafío con una brecha significativa entre lo que necesita y lo que puede financiar desde el presupuesto público.
En este contexto, las alianzas público-privadas (APP) ofrecen una vía para sumar esfuerzos y recursos. Pero no se trata simplemente de buscar financiamiento externo: una APP exige un diseño riguroso, que combine interés público con capacidad operativa privada. El punto de partida siempre debe ser la planificación.
Uno de los elementos más sensibles es el esquema de pago: ¿paga el Estado, el usuario o ambos? Las decisiones deben responder al tipo de servicio, su impacto social y la capacidad de pago de los beneficiarios. No hay un modelo único, pero sí principios que deben guiar cada caso con responsabilidad fiscal y sentido de equidad.
Además, es importante reconocer que no todas las APP tienen la misma lógica. Un proyecto de infraestructura física —como una carretera— no se estructura igual que un servicio operativo —como un sistema de transporte urbano—. Las primeras requieren grandes inversiones y plazos extensos para recuperar costos; las segundas se apoyan en equipamiento y estándares operativos, con horizontes más cortos. Esta diferencia marca la manera en que se distribuyen los riesgos, se diseñan los contratos y se calculan los retornos.
Por eso, toda APP debe pasar por una evaluación seria. ¿Aporta más valor que una contratación tradicional? ¿Es viable técnica y financieramente? Para responder, es necesario utilizar herramientas como el análisis de valor por dinero y simulaciones que permitan anticipar escenarios fiscales y operativos. Diseñar sin datos es una receta para el fracaso.
Tampoco basta con firmar un contrato. La etapa de gestión —una vez iniciado el proyecto— es igual o más importante. Exige capacidad institucional, monitoreo continuo y mecanismos de ajuste. El Estado no puede ceder el timón: debe mantenerse firme como regulador, fiscalizador y garante del interés público.
La transparencia también es clave. La ciudadanía debe tener acceso a la información esencial sobre los proyectos: qué se contrató, por cuánto tiempo, con qué metas y bajo qué condiciones.
La confianza se construye desde la apertura, no desde la discreción.
República Dominicana ha avanzado con la Ley 47-20 y con el desarrollo institucional en torno a las APP, pero el camino requiere consolidación. Es necesario fortalecer las capacidades técnicas del sector público, establecer procedimientos más robustos y fomentar una cultura de evaluación y aprendizaje constante.
Todos estos temas se desarrollan con mayor profundidad en el Manual de Gestión y Financiación Privada de Infraestructuras y Servicios Públicos: un enfoque práctico para la República Dominicana, que será presentado el próximo 9 de junio en la Universidad del Caribe.Este manual servirá también como base para el Diplomado en APP que esta universidad impartirá a partir de septiembre.
Por Carlos Sully Bonnelly Ginebra. Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Autor del Manual de Gestión y Financiación Privada de Servicios Públicos y coordinador del Diplomado en APP de la Universidad del Caribe.