RESUMEN
Las alianzas entre los sectores público y privado en la República Dominicana de la mano con los acuerdos entre los sectores que movilizan la economía necesitaban estar regulados mediante un marco legal que garantice procesos transparentes, seguridad jurídica del sector privado y su intervención dentro del sector público. Con la promulgación de la ley No. 47-20 de alianzas público-privadas, se cierra esta brecha. La normativa en cuestión define la alianza público-privada como el mecanismo por el cual agentes públicos y privados suscriben voluntariamente un contrato de largo plazo, como consecuencia de un proceso competitivo, para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social en el que existe inversión total o parcial por parte de agentes privados, aportes tangibles o intangibles por parte del sector público, distribución de riesgos entre ambas partes, y que la remuneración este asociada al desempeño conforme a lo establecido en el contrato.
Las alianzas público-privadas resultan una herramienta favorable para el Estado, esto a los fines de lograr el desarrollo de distintos proyectos, sean de ciclos de corta duración o de largo plazo, es una política que el actual gobierno dominicano ha visualizado para la ejecución de distintos proyectos los cuales dada las condiciones económicas actuales resultan de imposible ejecución con un capital exclusivo del Estado.
La ley No. 47-20 es parte fundamental de la estructura sobre la que se construye el plan de estrategia nacional 2030, que para su implementación se hace indispensable regular los acuerdos de las partes mencionadas, es por ello que en la misma ley está contemplada la creación de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas como entidad autónoma y descentralizada del Estado, investida de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, jurisdiccional, financiera y técnica, la cual estará adscrita al Ministerio de la Presidencia. En el ejercicio de sus funciones contempla promover y regular las alianzas público-privadas de manera ordenada, eficiente y transparente, velar por el cumplimiento de la ley y mitigar los riesgos de los proyectos bajo la modalidad de alianzas público-privada, mediante la regulación y la fiscalización de los agentes públicos y agentes privados que intervengan en dichos proyectos.
El legislador a través de la presente Ley procuró que el Estado Dominicano fungiera como garantista económico y legal de las empresas que impulsan la economía sostenible en la República Dominicana, concomitantemente con la motivación para el desarrollo de un fluido clima para la inversión y un impulso a las micro y macroempresas para un país progresivamente más sostenible.
Noel R. Báez Paredes