La promulgación de un nuevo Código Penal nos coloca en un nuevo desafío. Al menos tenemos un año en que entrará en vigencia, en agosto de 2026, para identificar las alertas que pueden poner en riesgo la seguridad jurídica.
Por ejemplo, miremos el artículo 192 sobre el manejo de fotos y videos para considerar las posibilidades interpretativas del accionar de las autoridades para sancionar. Igual con el 310 que aborda el ultraje contra funcionarios públicos.
Es obvio que ahí se recuperó el intento aquel en la Ley de Partidos Políticos de llevar a prisión por malas opiniones contra candidatos en las elecciones. La que por suerte el Tribunal Constitucional terminó dejando poco de su contenido.