Conforme al artículo 45 de nuestra Constitución, los dominicanos teneros pleno derecho a la libertad de culto, esto es, creer en Dios o en cualquier forma de deidad superior que entendamos, inclusive, creer hasta en el diablo si así lo consideramos. Sin embargo, el viernes santo contemplé acciones por parte de los organismos de Estado que motivaron un conjunto de cuestionantes en mi cabeza e inspiraron a la escritura de este artículo.
La libertad de culto, concebida desde el Acta de Separación del 16 de enero del 1844, atribuida a Juan Pablo Duarte, plantea esa liberta, como un derecho inalienable de todos aquellos que quisieran formar parte del nuevo Estado, proclamado la noche del 27 de febrero de ese año.
Esa autonomía, parece haber sido olvidada por nuestros gobiernos y gobernantes que obligan a la población a acogerse a los cánones de un grupo cristiano que se denomina católicos y que obliga al restante de la población, acoger por las buenas o las malas, sus dogmas, violando para ello, los derechos de libertad que debe garantizar el mismo Estado.
Ante un mundo globalizado y un país que recibe por millones los visitantes, resulta extraño imponer un silencio obligatorio desde el viernes santo y hasta el sábado de resurrección a un grupo que, dado a su credo, quiere disfrutar su vida conforme a su criterio y libre manera de entender ese tiempo.
Como deber supremo, el Estado, está en la obligación de garantizar la sana convivencia de sus integrantes, sin los excesos que puedan ocasionar daños a la tranquilidad de la generalidad, pero cerrando comercios, apresando ciudadanos e imponiendo una aflicción a quienes no creen en eso o simplemente no lo sienten, es un franco quebrantamiento al derecho de los otros de creer o no.
La semana santa, tiene significado para el cristiano católico, pero para el protestante, adventista, mormón, anglicano o no creyente, tiene otro significado que, en un estado de derecho no podemos olvidar.
Mas que un país, esto parece una selva de incoherencias que evidencia lo lejos que estamos de llegar a un estado de derecho, donde todos seamos concebidos como iguales y respetados como tales. Mientras tanto, seguiremos practicando la incoherencia como norma de vida, atizada por las acciones arbitrarias de la Policía Nacional.
Por: Florentino Paredes Reyes.