RESUMEN
Tanto la actual Constitución Dominicana en su artículo 59, como la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, refieren al derecho de los dominicanos y dominicanas a una vivienda digna, con acceso a todos los servicios básicos, en un entorno saludable y con facilidades de financiamiento.
Las viviendas deben dejarse ver como un lujo y por el contrario deben ser vista como un derecho fundamental. Leilani Farha, reportera especial de la ONU establece que: “Bajo el nuevo modelo puramente financiero de adquisición de viviendas, adquirir una casa o apartamento no es visto como un hogar o un lugar donde las familias crecen y crean memorias. Una vivienda es un activo financiero. Es un lugar donde aparcar capital”.
Para nosotros, resulta alarmante observar los datos presentados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en el 2017 en relación al déficit habitacional en República Dominicana. Para ese año, el déficit habitacional ascendía a aproximadamente 2,000,000 viviendas, cifra preocupante considerando que la misma representa cerca del 20% de la población de nuestro país.
Es nuestro pensar que el agravante principal de esta situación es la inefectiva coordinación de la política pública de vivienda, que debe promover aún más la participación y facilidades del sector privado, la integración de las pequeñas y medianas empresas de la construcción y la sociedad civil.
Un estudio realizado en 2017 por Ciudad Alternativa, coloca en 20% la cantidad de la población de República Dominicana que vive en hacinamiento crítico, definido como la condición de alojamiento donde viven más de tres personas por cada cuarto en una vivienda.
Observando estas estadísticas, es imposible calificar de otra manera más que como un fallo total y completo la política habitacional del actual partido de gobierno, considerando que una de las funciones principales del Estado es facilitar la capacidad de la población para acceder a viviendas dignas y con acceso a servicios básicos de calidad.
Esta negligencia e ineficiencia del gobierno en materia habitacional ha ido en detrimento de los dominicanos y dominicanas que añoran cada día obtener su techo propio, mientras vemos como las arcas privadas de los funcionarios, llamados a garantizar este derecho, se engrosan exponencialmente.
En el Programa de Gobierno de Luis Abinader, es declarada como “prioridad nacional la mitigación sostenida y sostenible del déficit habitacional en todo el país”, teniendo como objetivo principal el producir nuevas viviendas, mejorar la calidad de las ya existentes y dignificar los entornos para promover el desarrollo de las personas a través de un reordenamiento territorial.