RESUMEN
En la República Dominicana hay un tema que todos conocen, pero pocos se atreven a abordar sin rodeos: el narcotráfico ha tocado a todos los partidos políticos, sin excepción. El que diga lo contrario miente. Y miente con intención. No comenzó en 2020, ni nació con el PRM, ni se acabó con el PLD. Empezó mucho antes, cuando la política se convirtió en refugio para quienes buscaban legitimación social, poder y protección. Ahí está la raíz. Lo demás es ruido.
Por eso sorprende —o más bien entretiene— que ahora sectores de la oposición intenten instalar la etiqueta de “narcopartido” contra el PRM. Es un discurso cómodo, pero falso. Cómodo, porque evita que se mire hacia atrás. Y falso, porque los datos son testarudos: nunca antes un gobierno dominicano había golpeado al narcotráfico con la fuerza, la consistencia y la independencia con la que lo ha hecho este.
Ese es el punto que la oposición no quiere discutir. Porque para discutirlo hay que hablar de números, y los números no tienen simpatías políticas. Entre 2020 y 2023, en este país se incautaron más de 103 mil kilos de drogas, cifra que supera por amplio margen las confiscaciones acumuladas de los 16 años previos. Jamás en nuestra historia se había tocado el negocio de esa manera, con ese ritmo, con esa insistencia. Mientras antes los cargamentos pasaban “sin querer queriendo”, hoy se decomisan con récords históricos. ¿Eso lo hace un gobierno que protege narcos? ¿O un gobierno que los enfrenta, aunque duela?, por primera vez se rompió una tradición perversa: la de mirar para otro lado cuando el involucrado tenía un carné de partido o un rango político. Hoy no pasa. El que cae, cae. Dirigente, funcionario, militante o aliado, aquí no hay fuero para nadie. Se apresan, se procesan, se extraditan. Se acabó el blindaje partidario. Se acabó el “eso se resuelve”. Se acabó el “compadre, ayúdame ahí”. Ese es el verdadero cambio que empezó en 2020, y duele precisamente a quienes estaban acostumbrados a que el poder fuera escudo, no responsabilidad.
A nivel internacional, la posición es clara. Estados Unidos ha reconocido públicamente los resultados de la lucha antidrogas del gobierno dominicano. Las cifras de cooperación bilateral han aumentado. Y los organismos regionales han destacado la agresividad con la que el país está cortando rutas, destruyendo laboratorios y desmantelando redes.
Entonces, ¿qué es lo que realmente molesta?
Que, por primera vez en mucho tiempo, la política dejó de ser un campo fértil para el narcotráfico. Que ya no basta financiar campañas, regalar camionetas o posar con líderes comunitarios para blindarse. Que el que la hace, la paga. Y que este Gobierno ha demostrado, con hechos y no con discursos, que no le tiembla la mano, aunque el implicado tenga apellidos conocidos, votos en su demarcación o historia partidaria.
El narcotráfico en la política no lo inventó el PRM. Lo que sí inventó este Gobierno —y por eso hoy hay tanto ruido— es la tolerancia cero, aplicada de verdad, no de boca. Y eso incomoda. Incomoda a quienes preferían que el tema se manejara en privado. Incomoda a quienes vivieron 20 años de “todo el mundo sabe, pero nadie toca”. Incomoda a quienes hoy quieren acusar sin recordar que fueron ellos quienes abrieron las puertas del Estado al crimen organizado para financiar proyectos personales.
La discusión correcta no es quién tuvo o tiene más vinculados. Esa conversación es de mediocre hacia abajo. La discusión seria, la que de verdad importa para el país es esta: ¿qué partido está dispuesto a enfrentar a los narcos, aunque sean de los suyos? ¿Quién está dispuesto a sacrificar votos antes que principios? ¿Quién está dispuesto a perder comodidad para ganar institucionalidad?
Esa es la conversación que algunos no quieren tener. Porque ahí es donde los números, las acciones y los hechos dejan clara una verdad incómoda: en la República Dominicana, el verdadero cambio no fue que aparecieron narcos en política; el verdadero cambio fue que, a partir de 2020, dejaron de tener protección.
Por Miguel Cano
Especialista en marketing y gestión de proyectos públicos
Columnista de opinión en El Nuevo Diario.