RESUMEN
En días recientes, el Ayuntamiento Vegano aprobó una resolución que, según sus promotores, busca corregir el desorden vial que afecta a la ciudad. En principio, la intención podría parecer positiva, ya que el cabildo tiene la facultad legal de regular el tránsito municipal. Sin embargo, el problema radica en la manera improvisada y poco estructurada con la que se está manejando una medida que, en la práctica, terminará afectando a miles de ciudadanos que utilizan sus vehículos para trasladarse diariamente a sus trabajos.
Resulta insólito que quienes hoy salen a defender esta resolución lo hagan sin el más mínimo conocimiento sobre su contenido y sin considerar las consecuencias directas que generará. Son esas mismas voces que, sin analizar, repiten discursos vacíos, y que en ocasiones responden más a intereses particulares que al bienestar común.
Antes de hablar de ordenamiento vial, el Ayuntamiento debería comenzar por señalizar las calles. En La Vega existen vías completamente desprovistas de señalización, lo que genera caos y confusión. Además, el propio cabildo ha sido permisivo con las construcciones que no contemplan espacios de estacionamiento, permitiendo que negocios, plazas y centros médicos utilicen el espacio público como parqueo, apropiándose de las calles con conos y cadenas como si fueran de su propiedad.
El Ayuntamiento sabe bien que los negocios del centro histórico, los cuales en su mayoría no cuentan con parqueos, son parte del verdadero problema. ¿Y quién les cobra los impuestos municipales a esos establecimientos? ¿La ciudadanía o el propio Ayuntamiento Vegano? Es precisamente esa administración la que ha permitido que el desorden se mantenga, sin ejercer control sobre los comercios que operan en zonas críticas como las calles Mella, Monseñor Panal, Colón, García Godoy, Manuel Ubaldo Goménez, Antonio Guzmán Fernández, Duarte y Juan Rodríguez, donde funciona el comercio local sin que jamás se haya implementado una política de ordenamiento urbano.
Más preocupante aún es que la actual alcaldesa, quien lleva años formando parte del cabildo —primero como regidora, luego como vicealcaldesa y ahora como alcaldesa—, pretenda descubrir de repente el “desorden vial” como si fuera un hallazgo nuevo, cuando ha sido testigo y parte de la administración que permitió ese caos durante años.
Pensamos que el espíritu de la resolución es correcto, pues nadie puede oponerse al orden y la organización. Pero antes de imponer medidas que impacten directamente a la población, el Ayuntamiento debió socializar y buscar consenso, mostrando soluciones reales y no agudizando la carga del munícipe, sobre todo cuando la propia gestión no ha sabido cumplir su rol de planificación, control y mantenimiento de la ciudad.
Lo preocupante es que, bajo el pretexto de “poner orden”, se podría estar abriendo la puerta a otro negocio disfrazado de regulación. Es evidente que detrás de algunas de estas medidas se esconden intereses empresariales que ven en cada disposición municipal una oportunidad para seguir jugando con la inteligencia del pueblo vegano, un pueblo que ya está cansado de que se le falte el respeto en nombre del progreso.
Quienes defienden esta medida sin fundamentos son los mismos que callan ante el deterioro de los barrios, ante la falta de bacheo, ante la ausencia de obras de impacto y ante el despilfarro de recursos públicos. No levantan la voz cuando se malgastan los fondos del municipio, pero sí aplauden cuando se aprueban decisiones que perjudican al ciudadano común.
El Ayuntamiento de La Vega ha jugado durante años a la ignorancia institucional, con regidores que no cumplen su papel de fiscalizadores ni legisladores, y que han permitido que el desorden se convierta en norma. Hoy pretenden justificar con discursos técnicos lo que no han sido capaces de construir con gestión ni transparencia.
A esas voces prepagadas, que piensan que con insultos o ataques personales pueden intimidar a quienes piensan distinto, les recuerdo que en esta ciudad todos nos conocemos. No se puede hablar de autoridad moral cuando se ha abandonado a los barrios a su suerte y cuando la función pública se ha convertido en un botín político.
La Vega necesita orden, sí, pero también necesita coherencia, planificación y voluntad real de cambio. Regular el tránsito no puede ser sinónimo de castigar al pueblo, ni de beneficiar a unos pocos. Si de verdad se quiere transformar la ciudad, el primer paso debe ser gobernar con responsabilidad, transparencia y respeto a la gente.
Por Winston Hernández
La Vega