Hace apenas unos días, tuve la oportunidad, en la Escuela de Inteligencia Naval de la Armada de la República Dominicana, de impartir la asignatura Inteligencia de Estado, dentro del Diplomado en Gestión de la Inteligencia en la Investigación, diseñado para el personal técnico de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República. Este programa se bajo la coordinación académica, ética y visionaria de la Capitán de Fragata Francisca de los Santos, reconocida integrante de la denominada “Generación de Oro” de la inteligencia dominicana y gestora de más del 78 % de las capacitaciones en materia de inteligencia que desarrollan actualmente las instituciones gubernamentales.
El aula se convirtió en algo más que una jornada académica: fue un acto fundacional de la inteligencia a nivel estratégico. Los participantes demostraron un interés y comprensión profundos sobre la dimensión de la inteligencia de Estado y cómo esta se ha desarrollado en nuestro territorio desde tiempos de los taínos, entre otros puntos tratados. Asimismo, se abordó cómo la investigación contable puede transformarse en producción de inteligencia útil, cuando se orienta a identificar patrones, actores y escenarios de riesgo. En ese contexto, el aula fue laboratorio de ideas, campo de entrenamiento analítico y espacio de reafirmación ética.
Coincidencialmente, durante el desarrollo del diplomado, el presidente de la República ha emitido el Decreto 382-25, formalizando la Unidad Antifraude —a la cual pertenece el personal capacitado en inteligencia, con el que tuvimos esa linda experiencia— como órgano desconcentrado de la Contraloría. Su nueva misión se define con claridad: detectar, prevenir e investigar irregularidades administrativas en el manejo de fondos públicos, ya sea de oficio o por denuncia ciudadana. Este decreto no solo legaliza una estructura, sino que institucionaliza una visión. La Unidad Antifraude deja de ser una oficina reactiva y se transforma en un nodo del Sistema Nacional de Inteligencia, habilitado para producir conocimiento, coordinar con órganos como DIGEIG, PEPCA y la Cámara de Cuentas, y proponer medidas preventivas que fortalezcan la salud democrática.
Históricamente, se ha considerado a la Contraloría como un ente técnico, encargado de revisar, auditar y corregir. Pero su potencial va mucho más allá. A través de sus funciones de auditoría, fiscalización y supervisión del gasto público, la Contraloría produce información que puede ser cruzada con datos de otras agencias, modelar escenarios de riesgo político-administrativo y detectar amenazas que afectan la seguridad del Estado.
Entre sus principales aportes al Sistema Nacional de Inteligencia se destacan: La identificación de vulnerabilidades estructurales en instituciones públicas, la detección de redes de corrupción organizada, el análisis del impacto de políticas públicas en la gestión presupuestaria, la producción de inteligencia financiera orientada a prevenir infiltraciones criminales.
Para que este nuevo rol se consolide, es necesario ir más allá del decreto. La Contraloría debe integrarse formalmente en los espacios de inteligencia de Estado, participar activamente en la comunidad de inteligencia, crear una unidad de análisis prospectivo con enfoque multidisciplinario, establecer protocolos seguros para el cruce de datos con organismos como DNI, DINTEL, PGR y otros y, dada su vocación de impactar las competencias del personal técnico, capacitar continuamente en técnicas de inteligencia estratégica.
La clase que impartí no fue una simple transmisión de información, sino una construcción compartida de visión. No podía esperarse menos, ya que el responsable de la Unidad Antifraude de la Contraloría, Leónidas Radhamés Peña, egresado de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, aunque no de la XII promoción, es un excelente talento formado en las aulas por las que antecedentemente a él transite.
En esa docencia que me tocó facilitar, se comprendió que el control administrativo puede convertirse en defensa institucional cuando se piensa con profundidad, se actúa con método y se forma con ética. Hoy, con el Decreto 382-25 y el impulso formativo liderado por figuras como la capitán de fragata Francisca de los Santos, se dibuja un nuevo mapa donde la Contraloría no solo investiga irregularidades, sino que anticipa amenazas, protege recursos y defiende la estabilidad. La Unidad Antifraude, entonces, ya no es solo un instrumento técnico: es un órgano de producción de inteligencia de Estado.
El abogado, magister en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, doctorando en derecho Administrativo iberoamericano, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD
Por Juan Manuel Morel Pérez
j.morelperez@gmail.com