República Dominicana vive desde hace casi una década bajo una práctica fiscal injusta, silenciosa y legalmente cuestionable: la suspensión sistemática de la indexación tributaria y salarial.
Una política que aumenta la recaudación del Estado sin subir impuestos, pero que empobrece al trabajador, erosiona las pensiones y debilita el consumo interno.
¿Qué es la indexación y por qué importa?
Existen dos tipos de indexación que el país ha decidido ignorar año tras año:
La indexación tributaria:
Es la que ordena el artículo 327 del Código Tributario (Ley 11-92) y dispone que los valores expresados en pesos como los tramos del ISR deben ajustarse cada año conforme a la inflación publicada por el Banco Central.
Su objetivo es simple: evitar que el trabajador pague más impuestos solo porque subieron los precios.
Actualmente
La indexación salarial:
Es la que deben promover los sectores productivos y el Gobierno para aumentar los salarios nominales en proporción a la inflación acumulada.
Su propósito: mantener el poder adquisitivo del salario real y preservar el valor futuro de las pensiones.
Ambas son caras de una misma moneda.
Sin la primera, el fisco se enriquece con la inflación; sin la segunda, el trabajador se empobrece.
Una década de congelamiento
Desde 2017 y de hecho desde 2012 la indexación dejó de aplicarse de manera sostenida.
La exención anual del ISR (el tramo libre de impuestos) se mantiene congelada en RD$416,220 desde entonces.
Esto equivale a un salario exento mensual de apenas RD$34,685, pese a que la inflación acumulada desde 2017 supera el 50 %.
Si se hubiese aplicado el ajuste anual que ordena la ley, el tramo exento rondaría hoy los RD$52,000 mensuales.
Esa diferencia de casi RD$17,000 representa el monto que miles de empleados formales pagan en impuestos sin que su ingreso real haya aumentado.
Si se hubiese hecho un aumento anual en la proporción de la inflación anual acumulada desde 2017 el empleado que gana hoy RD$ 34,685 estaría ganando sobre los RD$52,000 pesos cosa que tampoco ha ocurrido.
O sea que ambas indexaciones la tributaria y la salarial se han dejado de implementar afectando las oportunidades de los trabajadores.
En palabras simples:
cada año sin indexación equivale a un aumento silencioso del impuesto sobre la renta.
El efecto dominó sobre salarios y pensiones
La falta de indexación tributaria y salarial genera un círculo vicioso:
* El trabajador paga más ISR aunque su salario real se haya estancado.
*
* Las empresas deducen la inflación como gasto, pero los empleados no pueden deducir el costo de vivir.
*
* Al cotizar sobre sueldos nominales sin ajuste, las AFP acumulan menos fondos y, por tanto, las pensiones futuras serán más bajas.
En el fondo, la no indexación no solo drena el bolsillo presente del asalariado, también recorta su vejez futura.
La excusa oficial: el equilibrio fiscal
Año tras año, la Ley de Presupuesto General incluye un artículo que suspende la aplicación del ajuste por inflación, amparándose en razones de “disciplina fiscal”.
Pero ese argumento encubre una realidad:
los gobiernos prefieren financiarse con la pérdida del poder adquisitivo del trabajador antes que emprender una reforma tributaria justa.
El resultado es un sistema que recauda sin reformar, castiga sin anunciar y viola sin admitir.
Una política que aparenta estabilidad, pero que se sostiene sobre una distorsión: el salario nominal se mantiene, mientras el real se evapora.
Un impuesto invisible
La inflación es un impuesto sin ley.
Y al negarse a indexar los tramos del ISR, el Gobierno convierte esa inflación en una herramienta recaudatoria.
La ecuación es clara:
* El Gobierno gana. Las empresas se protegen. El trabajador pierde.
* Pierde cuando paga más ISR.
* Pierde cuando su salario no sube.
* Y pierde cuando su futura pensión se construye sobre un sueldo que la inflación ya pulverizó.
Una deuda moral con la clase media
La indexación no es un favor del Estado, es una obligación legal y un principio de justicia fiscal.
Negarla año tras año es violentar un derecho ciudadano y falsear la transparencia del sistema tributario.
El silencio institucional frente a esta distorsión ha convertido la inflación en un instrumento de castigo social, donde los gobiernos de manera sostenida han elegido ajustar el presupuesto con el sudor de los asalariados.
Por eso, la pregunta ya no es técnica, es ética:
¿Hasta cuándo se usará la inflación como excusa para sostener el equilibrio fiscal sobre los hombros de quienes producen con su trabajo?
Por Elvin Castillo
El autor es periodista, comunicador y coordinador de Panorama de la Mañana.
Escribe sobre economía, política y sociedad desde una perspectiva crítica y ciudadana