RESUMEN
Por Edita Rodríguez
El Sistema de Seguridad Social de la República Dominicana se ha establecido con el objetivo de brindar protección a los ciudadanos frente a los riesgos de enfermedad, discapacidad, vejez y muerte, a través de la implementación de una serie de políticas públicas y programas. Sin embargo, a pesar de los avances logrados desde su creación en 2001, persisten problemas significativos que afectan su funcionamiento, tales como la cobertura insuficiente de la población, las deficiencias en la calidad de los servicios prestados y los problemas financieros que amenazan su estabilidad.
En nuestro país, la seguridad social es un derecho fundamental que debe garantizar el acceso a servicios de salud, pensiones y otros beneficios sociales a sus ciudadanos. Sin embargo, en las últimas décadas, el sistema ha enfrentado varios desafíos, como la baja cobertura de la población, la ineficiencia en la distribución de los recursos, y la sostenibilidad financiera. Según el informe de la Oficina Nacional de Estadística (2020), solo el 57% de la población tiene acceso a la seguridad social formal. Además, estudios como los de Pérez (2019) y Sánchez y Morales (2021) han destacado las disparidades en la calidad de los servicios, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos. La situación exige una reflexión profunda sobre las políticas implementadas, sus resultados y posibles mejoras.
Indiscutiblemente que la Seguridad Social ha experimentado avances significativos desde la implementación del Seguro Familiar de Salud (SFS) en 2002. Actualmente, el 97% de la población está afiliada a algún régimen de salud: 54% en el régimen subsidiado y 45% en el contributivo [1]. Este logro refleja un esfuerzo considerable por ampliar la cobertura y garantizar el acceso a servicios de salud.
Sin embargo, persisten desafíos estructurales que afectan la equidad y sostenibilidad del sistema. Uno de los principales problemas es la alta informalidad laboral, que alcanza aproximadamente el 70%, limitando las contribuciones al sistema y generando una carga financiera significativa para el Estado [2]. Además, el gasto de bolsillo en salud sigue siendo elevado, con una reducción marginal del 55% al 49% en los últimos años, lo que indica que muchos servicios y medicamentos esenciales no están completamente cubiertos [3].
La desigualdad en el acceso a servicios de calidad también es evidente. Los afiliados al régimen subsidiado, que representan la mayoría, enfrentan barreras significativas para acceder a tratamientos especializados y medicamentos de alto costo, como los necesarios para enfermedades crónicas no transmisibles, que constituyen el 44.3% de las causas de mortalidad en el país [4]. Además, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) han sido objeto de críticas por prácticas como la negación de cobertura y la imposición de copagos elevados, lo que ha generado un aumento del 17% en las quejas de los usuarios en 2024 [4].
Expertos en salud pública han señalado que el sistema actual, que combina elementos privatizados y sociales, presenta contradicciones que afectan su eficacia. El diseño original del Plan Básico de Salud (PDSS) no se ha actualizado adecuadamente, y la falta de revisión periódica ha permitido que las ARS prioricen beneficios económicos sobre la calidad del servicio [5].
Para abordar estos desafíos, se han propuesto varias reformas, incluyendo:
– Ampliar la cobertura del PDSS para incluir medicamentos esenciales y tratamientos de alto costo.
– Fortalecer la atención primaria y los servicios de salud mental y rehabilitación.
– Revisar las fuentes de financiamiento, implementando un régimen contributivo-subsidiado que permita a los trabajadores informales y desempleados aportar al sistema.
– Establecer mecanismos más eficientes de referimiento y control de costos.
Estas reformas requieren un diálogo inclusivo entre el Estado, los actores del sistema de salud y la sociedad civil para construir un sistema más equitativo y sostenible
En conclusión, las deficiencias en la administración y financiamiento del Sistema de Seguridad Social en nuestro país, resultan en una baja cobertura y calidad de los servicios ofrecidos, afectando negativamente a la población más vulnerable, y aunque la República Dominicana ha logrado avances en la cobertura de la Seguridad Social, es imperativo implementar reformas estructurales que garanticen la equidad, calidad y sostenibilidad del sistema, asegurando el derecho a la salud para toda la población.
1. Pérez, M. (2021). El Sistema de Seguridad Social en la República Dominicana: Avances y Desafíos. Revista Dominicana de Economía, 15(2), 35-48.
2. Díaz, R., & Hernández, L. (2019). Análisis de la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en la República Dominicana. Journal of Social Policy, 29(1), 60-75.
3. González, J. (2020). Cobertura y Eficiencia del Sistema de Salud en la República Dominicana. Economía y Sociedad, 18(4), 112-125.
[1] diariolibre.com: www.diariolibre.com/actualidad/salud/2025/03/08/el-54–de-la-poblacion-esta-en-regimen-subsidiado-de-seguridad-social/3026103
[2] elnuevodiario.com.do: elnuevodiario.com.do/rd-con-graves-problemas-en-seguridad-social/
[3] elnuevodiario.com.do: elnuevodiario.com.do/expertos-aseguran-que-la-seguridad-social-en-rd-fracaso/
[4] deultimominuto.net: deultimominuto.net/destacadas/seguridad-social-privilegio-en-rd/
[5] diariolibre.com: www.diariolibre.com/actualidad/seguridad-social-dominicana-salpicada-por-incumplimientos-PWDL1169701