La República Dominicana se encuentra ante uno de los episodios más graves y sensibles relacionados con la administración de los recursos públicos destinados a la salud, en toda su historia republicana. El caso que involucra al Seguro Nacional de Salud, SENASA, ha dejado de ser una controversia administrativa para convertirse en un asunto de alto interés jurídico, social y político. No se trata de simples irregularidades contables ni de deficiencias técnicas aisladas, sino de hechos que, según la Procuraduría General de la República, configuran un entramado de fraude sostenido que afectó directamente a la población más pobre y vulnerable del país.
SENASA fue concebido como un instrumento esencial de protección social, orientado a garantizar el acceso a servicios médicos a millones de dominicanos que carecen de recursos suficientes para costear una atención privada. Desde esa perspectiva, cualquier desviación de fondos no solo constituye una infracción administrativa o penal, sino una lesión directa a un derecho fundamental reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por el Estado dominicano. Según la Procuraduría General de la República, las investigaciones realizadas han revelado un patrón reiterado de facturación fraudulenta que incluye la imputación de atenciones ginecológicas a hombres, la facturación de procedimientos médicos inexistentes y el cobro de sesiones de hemodiálisis a personas que ya habían fallecido.
Estos hechos, siempre según la Procuraduría General de la República, no pueden explicarse como errores fortuitos ni como simples fallas del sistema informático. La reiteración de las prácticas, su diversidad y la duración en el tiempo evidencian un esquema organizado y deliberado, orientado al desvío de fondos públicos mediante la simulación de servicios médicos.
La naturaleza misma de las irregularidades demuestra que existía conocimiento previo y voluntad de engañar al sistema, lo que agrava la responsabilidad de quienes participaron directa o indirectamente en estas operaciones.
El impacto de este desfalco trasciende ampliamente el ámbito financiero. Los recursos desviados estaban destinados a la compra de medicamentos, al pago de tratamientos especializados, a estudios diagnósticos y a la cobertura de procedimientos indispensables para la supervivencia de miles de pacientes. Según la Procuraduría General de la República, la afectación al flujo normal de esos recursos provocó retrasos, interrupciones y limitaciones en la prestación de servicios, con consecuencias humanas concretas. En el contexto de un sistema que atiende mayoritariamente a personas de bajos ingresos, cualquier reducción en la capacidad de respuesta se traduce en sufrimiento, deterioro de la salud y, en casos denunciados públicamente, en fallecimientos que pudieron haberse evitado.
Desde una perspectiva jurídica integral, resulta insuficiente limitar el análisis a la eventual responsabilidad penal de actores individuales. El derecho administrativo y constitucional reconoce la existencia de responsabilidad política y funcional cuando los órganos del Estado fallan en su deber de supervisión, control y prevención. Según la Procuraduría General de la República, los hechos investigados ocurrieron dentro de una institución adscrita al Poder Ejecutivo, lo que impone la obligación de examinar la cadena jerárquica, los mecanismos de control interno y la actuación de las autoridades responsables de la dirección y supervisión del sistema.
En ese marco, el presidente de la República, Luis Abinader, no puede ser considerado un observador externo. Como jefe del Estado, del gobierno y de la administración pública, le corresponde la responsabilidad política última sobre el funcionamiento de las instituciones bajo su mandato. Ello no implica, por sí solo, una declaración de culpabilidad penal, pero sí conlleva un deber reforzado de rendición de cuentas ante la nación. La magnitud del fraude investigado, según la Procuraduría General de la República, hace jurídicamente insostenible cualquier intento de desvinculación absoluta de la cúspide del poder ejecutivo.
La percepción social de que se proyecta un discurso oficial de lucha contra la corrupción mientras, paralelamente, se desarrollaban prácticas fraudulentas en una de las instituciones más sensibles del sistema de protección social, ha generado un profundo quiebre de confianza. En el lenguaje popular, esta conducta ha sido comparada con la conocida expresión de la gatica de María Ramos, que alude a quien actúa de manera encubierta y evita asumir públicamente las consecuencias de sus actos. Más allá de la metáfora, lo que subyace es una exigencia legítima de coherencia entre el discurso y la acción gubernamental.
Asimismo, según la Procuraduría General de la República, resulta indispensable examinar el rol de los órganos colegiados y de las autoridades encargadas de la supervisión del sistema de salud.
La persistencia de las irregularidades durante un período prolongado plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de fiscalización y sobre la actuación de quienes tenían la obligación legal de prevenir, detectar y corregir estas anomalías. En ese sentido, la presidenta del Consejo de Salud, Raquel Peña, en su condición de máxima autoridad de dicho órgano, no puede quedar al margen del escrutinio institucional que demandan estos hechos.
El derecho público reconoce que la omisión, cuando existe un deber jurídico de actuar, puede generar responsabilidad. El silencio, la inacción o la respuesta tardía frente a un daño social de esta magnitud deben ser evaluados conforme a los principios de legalidad, responsabilidad y debido proceso. Según la Procuraduría General de la República, las investigaciones continúan en curso, y su credibilidad dependerá de que se desarrollen sin interferencias políticas, sin privilegios y con pleno respeto a la igualdad ante la ley.
La sociedad dominicana no reclama venganza ni linchamientos mediáticos. Reclama justicia, transparencia y consecuencias proporcionales al daño causado. Por ello, y siempre según la Procuraduría General de la República, resulta jurídicamente pertinente y éticamente necesario que las investigaciones alcancen a todos los niveles de responsabilidad, incluyendo a las más altas autoridades del Estado, en la medida en que los hechos y las pruebas así lo determinen.
El sometimiento del presidente de la República y de las demás autoridades involucradas, no como un acto de persecución política sino como una expresión concreta del principio de igualdad ante la ley, se presenta como una exigencia legítima dentro del marco del Estado social y democrático de derecho. Lo mismo debe aplicarse a todo funcionario o particulares que, por acción u omisión, hayan contribuido a que los recursos destinados a la salud de los más pobres fueran desviados.
Robar fondos de salud no es un delito ordinario. Es una forma de violencia institucional que atenta contra la dignidad humana y vulnera derechos fundamentales. Según la Procuraduría General de la República, el caso SENASA constituye una prueba decisiva para la credibilidad del sistema judicial dominicano y para la coherencia ética del discurso anticorrupción. La historia juzgará no solo a quienes ejecutaron el fraude, sino también a quienes, teniendo el deber de prevenirlo, permitieron que ocurriera.
Por: Dr. Javier Dotel.
El autor es miembro de la Dirección Central de la FP.