La reciente promulgación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) en la República Dominicana ha destapado una vez más las costuras de nuestro sistema legislativo, demostrando una preocupante inclinación hacia la improvisación por encima de la prudencia jurídica. La crítica central no se enfoca en los méritos o deméritos de los 470 artículos que componen la reforma —aunque estos merecerían un debate pausado—, sino en la inaceptable decisión de obviar la vacatio legis, ordenando su entrada en vigor de manera inmediata.
Esta medida, más que un simple error administrativo, es un acto de soberbia legislativa y un asalto directo a la seguridad jurídica del país. La vacatio legis no es un adorno legal; es la garantía mínima del principio de publicidad de las normas y un requisito indispensable para que un Estado se considere de derecho. Es el tiempo que permite la digestión institucional: la capacitación de jueces, fiscales, defensores y abogados; la adecuación de la infraestructura judicial; y la preparación logística de un sistema ya de por sí frágil y saturado.
Al imponer la entrada en vigencia inmediata, se condena al sistema judicial al caos operativo y a la arbitrariedad. ¿Cómo puede garantizarse el debido proceso cuando ni siquiera los operadores de justicia han tenido tiempo material para familiarizarse con las nuevas reglas del juego, los nuevos plazos y las nuevas causales? La respuesta es simple: no se puede. El resultado será una litigiosidad innecesaria, apelaciones basadas en la falta de conocimiento de la nueva norma y, lo que es peor, potenciales violaciones de derechos fundamentales por pura inercia o desconocimiento.
Esta prisa injustificada sugiere motivaciones que poco tienen que ver con la eficiencia de la justicia y mucho con la urgencia política de «pasar página». Refleja una desconexión peligrosa entre el poder legislativo y la realidad operativa del sistema judicial. La ignorancia de la ley no excusa, pero la falta de tiempo para conocerla sí mina la legitimidad de su aplicación.
El hecho de que los legisladores ignoren un pilar tan básico del derecho dominicano como la vacatio legis es un llamado de atención grave sobre la calidad de nuestra gobernanza. Es una demostración de que la forma, que en derecho es fondo, puede ser sacrificada en el altar de la inmediatez. La seguridad jurídica se construye con previsibilidad y respeto a las formas, no con decretos de entrada en vigor de la noche a la mañana. La sensatez exige una rectificación inmediata.
Por Hamlet Hilario