La seguridad pública representa una de las funciones más visibles y sensibles del Estado moderno, desde una perspectiva general se vincula directamente con el orden, la convivencia y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a las conductas que perturban la paz social. En este contexto, la política criminal emerge como el conjunto de estrategias, decisiones y normas que orientan la respuesta del Estado ante el delito, teniendo como objetivo principal preservar la tranquilidad colectiva sin comprometer el respeto a las garantías fundamentales y los derechos humanos.
Ahora bien, el diseño de una política criminal efectiva puede reducirse a la reacción punitiva, por el contrario, debe nacer del análisis preciso de los factores sociales, económicos, culturales y jurídicos que inciden en la criminalidad. De acuerdo con Zaffaroni la política criminal debe ser entendida como “el sistema de opciones y omisiones que un Estado adopta en relación con el delito y a su persecución”, lo que implica tanto acciones directas como decisiones legislativas sobre qué conductas considerar delictivas y cuáles no.
A medida que las sociedades evolucionan, también lo hacen las manifestaciones del delito, por lo que las políticas públicas en esta materia deben adecuarse a las realizadas actuales, en ese sentido, la política criminal requiere del trabajo articulado del ejerció de los poderes del Estado y por otro lado los actores de la persecución del de delito, cada uno de estos actores cumple una función específica que debe coordinarse en favor de la prevención, control y persecución de las conductas antijuridicas.
El Poder Legislativo, desempeña un rol importante al momento de establecer el marco normativo que orienta la política criminal. Las leyes penales, procesales y penitenciarias que aprueban los congresistas definen el alcance y los límites de la intervención penal, y por ello, resulta indispensable que dichas normativas respondan a un estudio técnico, realista y contextualizado de la criminalidad, y no únicamente a intereses coyunturales. Establece Ferrajoli: Una política criminal legítima debe estar sujeta a principios de legalidad, proporcionalidad y racionalidad penal.
De forma paralela, la Procuraduría General de la República, como órgano rector del Ministerio Público, tiene a su cargo la implementación operativa de la política criminal, esto implica establecer criterios de persecución penal, asignar prioridades en la dirección de la investigación y definir políticas de oportunidades conforme a las normas.
Asimismo, los cuerpos policiales mantienen un papel primario dentro del desarrollo de la operatividad de la persecución del delito de cara a la política criminal, ya que sus labores de inteligencia, patrullaje, prevención e investigación representan el primer contacto del Estado con las incidencias delictivas. En consecuencia, las directrices de seguridad humana emanan de los ministerios para la seguridad y policía, los cuales deben estar alineadas con los objetivos deliberados para los tipos de políticas que demanden las tipologías delictivas identificada en esta fase, que moviliza las estrategias de los Estados, promoviendo el respeto y la igualdad derechos humanos y la eficiencia en el uso de los recursos.
Es de vital importancia para este tipo de políticas, que todas estas instituciones actúen de forma coordinada, para establecer las estrategias y cumplir con las metas definidas. Los indicadores estratégicos, deben partir de un diagnóstico riguroso del fenómeno delictivo, utilizando estadísticas confiables, verificables, factores criminológicos y evaluaciones intermitentes. La participación ciudadana organizada, se vuelve indispensable su participación para que puedan aportar una mirada crítica y técnica.
En países como Colombia y Chile, se han implementado planes integrales de política criminal que involucran a todas las instancias del Estado en la formulación, ejecución y seguimiento de las medidas adoptadas, en estos modelos, el Congreso no solo legisla, sino que también participa en la evaluación de la efectividad de las políticas implementadas, y los representantes de la persecución del delito, se somete a parámetros de rendimiento definidos públicamente, lo que fortalece la transparencia de los resultados.
En definitiva, una política criminal que emane de la seguridad pública debe concebirse como un instrumento técnico, no ideológico, al servicio del interés general, y debe impactar en la reducción del delito. Una estrategia planificada, interinstitucional y sostenida podrá responder de manera equilibrada a las demandas sociales de seguridad, sin vulnerar los derechos de las personas.
Como afirma Silva Sánchez “la política criminal no puede seguir siendo una política de emergencia, sino que debe convertirse en una política estructural del Estado”. En ese sentido, su elaboración debe ser continua, abierta a la evaluación, y comprometida con los principios del Estado social y democrático de derecho, esta es la ruta para construir una seguridad pública moderna, que se identifica con las sociedades latinoamericana y de respeto permanente a sus ciudadanos.
Artículo escrito por: Lic. Ysaías J. Tamarez