RESUMEN
La implementación de una Perestroika en Venezuela implicaría, ante todo, una reestructuración económica que desmonte el modelo rentista petrolero controlado por el Estado. Este proceso exigiría una privatización transparente de las industrias básicas y una apertura total a la inversión extranjera bajo reglas de seguridad jurídica. Sin embargo, el trauma de las expropiaciones pasadas genera un escepticismo profundo en los mercados internacionales que dificulta una recuperación rápida. La transición de una economía de controles a una de libre mercado suele ser dolorosa y requiere un soporte financiero externo masivo.
La Glasnost, o transparencia política, representaría un desafío aún mayor para la arquitectura de poder que sostiene al gobierno actual en el territorio venezolano. Si se permitiera una verdadera libertad de prensa y el acceso a información pública, saldrían a la luz las profundidades de la gestión institucional. Este flujo de información podría socavar la legitimidad de las autoridades, tal como ocurrió con la élite del Partido Comunista Soviético a finales de los ochenta. La apertura informativa suele ser el primer paso hacia una movilización social que demanda responsabilidades y cambios estructurales.
Uno de los riesgos inherentes a este proceso es el efecto de «olla de presión» que experimentan las sociedades bajo regímenes autoritarios prolongados. En la Unión Soviética, la apertura de Gorbachov permitió que las tensiones étnicas y nacionales acumuladas estallaran, fragmentando el país en quince repúblicas independientes. En Venezuela, aunque no hay separatismos étnicos, las tensiones sociales y la polarización política podrían derivar en un caos institucional difícil de contener. La liberación repentina de las restricciones políticas a menudo sobrepasa la capacidad del Estado para mantener el orden público.
En términos económicos, una Perestroika venezolana obligaría a sincerar los precios de los servicios públicos y el combustible, eliminando subsidios que hoy son insostenibles. Aunque esta medida es técnicamente necesaria para sanear las cuentas fiscales, el costo social inmediato podría generar protestas similares a las del histórico «Caracazo». La brecha entre los ciudadanos con acceso a divisas y aquellos que dependen del bolívar se profundizaría drásticamente durante la transición. El éxito de la reforma dependería de un sistema de protección social eficiente que hoy parece inexistente o muy precario.
La estructura militar venezolana juega un papel que no tenía un equivalente exacto en la burocracia civil de la Perestroika de Mijaíl Gorbachov. En la URSS, el partido tenía la supremacía; en Venezuela, las fuerzas armadas gestionan sectores clave de la economía y la administración pública. Una reforma que pretenda profesionalizar el Estado y devolver los militares a los cuarteles encontraría una resistencia interna formidable y peligrosa. Sin el consentimiento de los sectores que ostentan el poder de las armas, cualquier intento de reestructuración política nace con una debilidad crítica.
La comparación con el modelo chino surge a menudo como una alternativa menos traumática para las élites que la vía soviética de Gorbachov. China logró abrir su economía al capitalismo global manteniendo un control absoluto sobre el sistema político y la disidencia interna. El gobierno venezolano parece inclinarse hacia este híbrido, permitiendo una «dolarización de facto» mientras mantiene cerrados los espacios de competencia electoral real. Sin embargo, a diferencia de China, Venezuela no cuenta con la disciplina industrial ni el ahorro interno necesario para este éxito.
Si se aplicara una Glasnost real, el sistema de justicia tendría que ser el primer receptor de las reformas para garantizar la imparcialidad. La existencia de presos políticos y las inhabilitaciones de líderes opositores son incompatibles con un proceso de apertura democrática genuina y sostenible. Una reforma política implicaría el reconocimiento del adversario como un actor legítimo en la construcción del futuro nacional y no como un enemigo. Este cambio de paradigma mental es quizás el obstáculo más difícil de superar tras décadas de retórica de confrontación total.
La comunidad internacional, especialmente los acreedores y organismos multilaterales, observaría una Perestroika venezolana con una mezcla de esperanza y precaución extrema. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial exigirían reformas estructurales profundas a cambio del financiamiento necesario para estabilizar la moneda y la deuda. Estas exigencias técnicas suelen chocar con los objetivos políticos de corto plazo de quienes buscan mantenerse en el poder durante la crisis. El equilibrio entre la ortodoxia económica y la estabilidad social sería el hilo delgado por donde caminaría la reforma.
El desenlace de la experiencia soviética sirve de advertencia: Gorbachov terminó perdiendo el control de las fuerzas que él mismo desató con sus políticas. Al intentar reformar un sistema que era rígido por naturaleza, terminó rompiéndolo y permitiendo el surgimiento de una nueva era de inestabilidad y oligarquías. Venezuela corre el riesgo de que una apertura mal gestionada no conduzca a una democracia próspera, sino a un estado de anarquía institucional. La historia enseña que las transiciones desde el autoritarismo son procesos no lineales y frecuentemente cargados de consecuencias imprevistas.
La viabilidad de estos principios en Venezuela depende de la voluntad de las élites para ceder parcelas de poder en favor de la nación. Sin un pacto de gobernabilidad que incluya a todos los sectores, la Perestroika caribeña podría ser solo un eslogan para ganar tiempo económico. La verdadera reestructuración no es solo técnica, sino moral, y requiere un compromiso con la transparencia que hasta ahora no se percibe. Solo el tiempo dirá si Venezuela transita hacia la modernidad o si repite los errores de los sistemas agotados del siglo pasado.
Por Julio Casado
Abogado y analista político
Santo Domingo Oeste