RESUMEN
La deuda moral de la República con su diáspora — y el camino para saldarla
«Un pueblo no se mide por la extensión de su territorio,
sino por la extensión de su memoria.»
— José Martí
V. Lo que debe hacerse: una agenda para la nación extendida
Un país inteligente no se limita a agradecer las remesas con discursos de diciembre. Las convierte en inversión, en propiedad, en tejido productivo. Para ello necesita, no retazos normativos, sino una arquitectura legislativa coherente. Permítanme proponer, con la modestia de quien opina y la firmeza de quien conoce el terreno, seis ejes de acción.
Primero: modernizar el régimen de mudanzas y retorno
No se trata de crear una ley de mudanzas —ya existe—. Se trata de reformar radicalmente las Leyes 146-00 y 168-67 para adecuarlas al siglo XXI. La limitación de una sola mudanza por vida es un anacronismo punitivo. El requisito de diez años para la exoneración máxima de vehículos penaliza al que regresa más pronto. La tramitación consular debe digitalizarse integralmente. Israel lo hizo con su Ley de Retorno; Portugal con el programa Regressar, que incluye apoyo al traslado, exenciones fiscales progresivas y acompañamiento institucional durante el primer año. La República Dominicana puede y debe hacer lo propio: quien regresa a construir vida en su tierra merece que el Estado le facilite el camino, no que le cobre peaje.
Segundo: crear un régimen fiscal específico para la diáspora inversora
Este es el gran vacío del ordenamiento vigente. La Ley 171-07 beneficia a pensionados con ingreso fijo del exterior. La Ley 158-01 incentiva la inversión turística extranjera en zonas CONFOTUR. Pero no existe ningún instrumento que beneficie al dominicano de Nueva Jersey que quiere abrir un colmado en su pueblo, a la enfermera de Boston que quiere comprar su primera vivienda en Santiago, o al ingeniero de Madrid que quiere capitalizar una pequeña empresa en la Zona Norte. Debe crearse un estatuto fiscal del dominicano retornado que contemple: exención total del impuesto de transferencia inmobiliaria sobre la primera vivienda adquirida; reducción del ITBIS en materiales de construcción para vivienda propia; incentivos tributarios para la capitalización de micro, pequeñas y medianas empresas productivas; y facilidades para canalizar el ahorro externo hacia
instrumentos financieros domésticos supervisados. Si el país ofrece exenciones al turista extranjero que invierte en una playa, ¿qué justificación moral existe para no ofrecer al menos lo mismo al dominicano que invierte en su propia tierra?
Tercero: hacer obligatorio el fideicomiso inmobiliario para ventas a no residentes
La Ley 189-11 creó el fideicomiso. Pero su uso es voluntario —y los estafadores, como era previsible, no se ofrecen de voluntarios—. La reforma debe ser sencilla y contundente: todo proyecto inmobiliario que se comercialice a compradores no residentes en el territorio nacional deberá constituir obligatoriamente un fideicomiso de garantía ante una fiduciaria autorizada por la Superintendencia de Bancos. Los adelantos deben depositarse en cuentas fiduciarias, no en cuentas personales del promotor. Los contratos deben protocolizarse notarialmente con cláusulas estandarizadas de protección al comprador. Y debe crearse un Registro Público de Proyectos Inmobiliarios para la Diáspora, consultable en línea desde cualquier consulado. Cada dólar que un dominicano del exterior pierde en una estafa inmobiliaria es un dólar que no regresa jamás —ni como inversión, ni como confianza—.
Cuarto: aprobar una ley de retorno productivo con rango y presupuesto propios
El proyecto PREPDE, presentado por una diputada de ultramar, languidece en comisión. Debe acelerarse, robustecerse y aprobarse. El dominicano que regresa después de veinte o treinta años no debería enfrentarse a un país que lo mira como extranjero en su propia casa. Un programa serio de reinserción —como los que existen en Irlanda, Corea del Sur, México y Ecuador— debe contemplar: la homologación expedita de títulos profesionales y certificaciones obtenidas en el exterior; el acceso a líneas de crédito preferenciales para emprendimientos productivos del retornado; convenios con el sector privado que reconozcan la experiencia internacional como valor agregado; y programas de orientación fiscal y legal que acompañen al retornado durante sus primeros años de reinstalación. Un país que sabe recibir a sus hijos de vuelta es un país que ha madurado.
Quinto: proteger y acompañar a las familias que quedaron aquí
Esta es, quizás, la propuesta más silenciada y la más urgente. Porque la emigración no solo produce una diáspora: produce también una herida familiar que el Estado tiene la obligación moral de atender.
En miles de hogares dominicanos, los abuelos crían a los nietos porque los padres están lejos. Esos hogares sostienen la estructura social que permite que las remesas funcionen: sin alguien aquí que cuide, eduque y acompañe, el dinero que llega pierde su propósito. Y sin embargo, esas familias no reciben ningún beneficio diferenciado del Estado. Ninguno.
Debe crearse un Estatuto de la Familia Receptora de Remesas que contemple: acceso prioritario al Seguro Nacional de Salud para los familiares directos del emigrante que demuestren dependencia económica de remesas; becas educativas focalizadas para hijos y nietos de emigrantes, financiadas con un porcentaje simbólico del flujo de remesas canalizado mediante acuerdo con las entidades financieras; acompañamiento psicosocial para menores que crecen con la ausencia como compañera permanente; simplificación radical de los poderes notariales y la representación legal a distancia, para que el dominicano en el exterior pueda gestionar herencias, matrículas escolares y atención médica sin que cada gestión se convierta en un vía crucis burocrático; y exoneración del ITBIS en las transferencias electrónicas de remesas, reduciendo el costo de envío hacia la meta del 3% que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La familia que sostiene al que se fue merece que el Estado la sostenga a ella.
Sexto: elevar todo esto a una Política Nacional de Diáspora con rango de ley orgánica
Nada de lo anterior funcionará como política dispersa. Las medidas aisladas mueren en el ciclo noticioso de una semana. Lo que se necesita es una Ley Orgánica de la Diáspora Dominicana que unifique el CONDEX, el INDEX, los consulados y los diputados de ultramar bajo una gobernanza coherente; que establezca presupuesto propio, metas cuantificables y rendición de cuentas independiente; y que trascienda los ciclos electorales para convertirse en verdadera política de Estado. India creó un Ministerio de Asuntos de la Diáspora que gestiona un programa integral de inversión, retorno y protección para sus 32 millones de nacionales en el exterior. Filipinas aprobó la Ley del Trabajador Migrante, que garantiza protección jurídica y social desde la salida hasta el retorno. La República Dominicana, cuya diáspora representa una proporción de su población y de su economía comparable o superior a las de esos países, tiene la obligación histórica de hacer lo propio.
VI. El regreso como promesa de nación
Hay algo aún más profundo que las leyes y las políticas públicas. Algo que toca la fibra de lo que somos como pueblo.
Miles de dominicanos han pasado toda su vida útil trabajando fuera de la isla. Han criado hijos en otras lenguas, han soportado inviernos interminables, han comido arroz con habichuelas en cocinas de apartamentos diminutos mientras afuera caía la nieve de un país que nunca terminó de ser suyo. Han vivido con la nostalgia permanente de quien sabe, con una certeza que ningún pasaporte puede extinguir, que su verdadero hogar está en otra parte.
Y casi todos comparten un mismo sueño silencioso:
Volver.
Volver para retirarse bajo la sombra de un árbol de mango.
Volver para caminar sin prisa por las calles donde aprendieron a correr descalzos.
Volver para sentir la lluvia de mayo sobre la piel y saber que esa lluvia cae sobre tierra propia.
Volver para ver atardecer en el Malecón y no tener que explicar a nadie por qué se les humedecen los ojos.
La República Dominicana debería prepararse para ese regreso con la solemnidad con que se prepara una reconciliación. Porque eso es, en el fondo, lo que está pendiente: una reconciliación entre el país que se quedó y los millones que lo sostuvieron desde lejos.
VII. La deuda y el gesto
Hay una verdad elemental que conviene grabar en la conciencia nacional.
Si durante décadas la economía dominicana ha resistido crisis financieras, pandemias, huracanes y tormentas globales, ha sido en buena medida gracias a la fidelidad silenciosa
de millones de dominicanos que nunca —nunca— rompieron su vínculo con el país. Casi doce mil millones de dólares al año. Más de treinta y cuatro millones de transferencias. Más de la mitad de los hogares dominicanos sostenidos, en alguna medida, por alguien que vive a miles de kilómetros de distancia. Eso no es una estadística. Eso es un acto de amor sostenido durante generaciones.
Ellos han hecho patria dos veces: primero, marchándose para buscar lo que aquí no encontraron; y luego, manteniendo viva, con cada remesa, con cada llamada, con cada maleta de regalos en Navidad, la conexión sagrada con la tierra que dejaron atrás.
Ha llegado el momento de que la República Dominicana responda a ese gesto con la misma generosidad. No con discursos. No con promesas de campaña. Con leyes. Con instituciones. Con una estrategia que tenga la dignidad de lo permanente.
Que cuando el dominicano que partió con una maleta ligera regrese después de una vida de sacrificio, encuentre algo más que nostalgia.
Que encuentre un país que lo protege. Que encuentre un país que lo integra.
Que encuentre un país que protege a la familia que se quedó cuidándole la tierra.
Que encuentre un país que lo recibe con los brazos abiertos y con las leyes dispuestas.
Y que pueda, finalmente, descansar en su propia tierra con la serenidad profunda de quien sabe que su deuda con la patria ha sido saldada —y que la patria, al fin, ha saldado la suya. —
Por Lic. Radomiro Peña Jiménez
Abogado • Analista político • Columnista
Santo Domingo, República Dominicana