RESUMEN
La deuda moral de la República con su diáspora — y el camino para saldarla
«Un pueblo no se mide por la extensión de su territorio,
sino por la extensión de su memoria.»
— José Martí
I. La escena que nos define
Hay una escena que se repite, con pequeñas variaciones, en miles de historias dominicanas. Ocurre generalmente en el Aeropuerto de Las Américas, a veces en la madrugada, cuando los vuelos hacia Nueva York salen cargados de silencios. Un hombre o una mujer se despide de su madre con un abrazo que dura más de lo normal. En la maleta no hay mucho: dos mudas de ropa, algún documento, tal vez una fotografía doblada entre las páginas de un pasaporte recién emitido. La promesa es sencilla, casi ingenua: «Voy a trabajar unos años y regreso.»
Pero los años pasan. El invierno llega a Nueva York, o a Boston, o a Madrid, o a Santiago de Chile. Llegan las jornadas dobles, los apartamentos compartidos con extraños que pronto se vuelven familia, los turnos nocturnos en restaurantes donde nadie pronuncia bien tu apellido, el cansancio que no cabe en las llamadas que se hacen a casa con la voz intacta para que mamá no se preocupe. Y, sin embargo, cada mes, con una disciplina silenciosa que tiene algo de acto sacramental, una parte del salario cruza el océano.
Ese dinero paga la escuela de un sobrino.
Levanta el segundo piso de una casa que empezó siendo de zinc. Compra los medicamentos de un padre enfermo.
Cubre la cuota de la universidad de una hermana que nunca sabrá cuántas horas extras costó su título.
Permite que una familia entera respire.
Así se ha sostenido, en silencio y con las manos de los ausentes, buena parte de la República Dominicana durante más de medio siglo.
II. La dimensión de lo invisible: las cifras que avergüenzan la indiferencia
La historia económica dominicana de los últimos cincuenta años no puede escribirse sin dedicar un capítulo central a la diáspora. Desde finales de los años sesenta, cuando las primeras olas migratorias comenzaron a dirigirse hacia Nueva York —con la maleta cargada de urgencia y la garganta llena de merengue—, el país empezó a extenderse más allá de sus costas. Según el último Registro Sociodemográfico del INDEX, publicado en 2024, la cantidad de dominicanos residentes en el exterior asciende a 2,874,124 personas. Más de 2.3 millones en Estados Unidos, con comunidades vigorosas en Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Massachusetts y Pensilvania; más de 200,000 en España; y cientos de miles más repartidos en 119 demarcaciones del mundo, desde Italia y Canadá hasta Chile, Argentina, Francia, Alemania e incluso Emiratos Árabes Unidos.
Esa presencia no es meramente demográfica. Es estructural. Y las cifras lo demuestran con una elocuencia que debería incomodar a cualquier funcionario que pronuncie la palabra «diáspora» solo en diciembre.
En 2025, la República Dominicana recibió 11,866 millones de dólares en remesas —un récord histórico, 10.3% superior al año anterior—. En 2024, la cifra había sido de 10,756 millones. Para dimensionar lo que eso significa: las remesas superan los ingresos por turismo, superan la inversión extranjera directa y representan aproximadamente el 10% del producto interno bruto del país. Solo en enero de 2026, entraron 982.8 millones de dólares: casi mil millones en un solo mes.
Pero las cifras agregadas, con ser imponentes, ocultan la verdadera magnitud humana del fenómeno. En 2023 se realizaron más de 34 millones de transferencias individuales hacia la República Dominicana —en un país de apenas 2.5 millones de hogares—. La Organización Internacional para las Migraciones estima que más de la mitad de los hogares dominicanos reciben remesas. Dicho de otra forma: uno de cada dos techos dominicanos se sostiene, en alguna medida, con dinero que alguien ganó lejos de casa.
Y sin embargo, el 94.3% de esas remesas se destina a gastos corrientes del hogar —comida, salud, educación, servicios básicos— y apenas un 5.7% al pago de deudas. Prácticamente nada se canaliza hacia inversión productiva. No porque la diáspora no quiera invertir, sino porque el país no ha construido los instrumentos para que pueda hacerlo con seguridad.
El costo promedio de enviar remesas a la República Dominicana es de 6.79% —más del doble de la meta de 3% que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030—. Cada punto porcentual que no se reduce equivale a cien millones de dólares que se quedan en las manos de los intermediarios en lugar de llegar a las familias dominicanas.
En innumerables barrios de este país hay casas que narran esa épica doméstica. Casas construidas con bloques comprados en dólares que llegaron desde Washington Heights. Casas levantadas con el fruto de madrugadas en hospitales, fábricas, salones de belleza y cocinas. Casas que son, en el fondo, pequeños monumentos al sacrificio de alguien que vive lejos, pero que jamás dejó de mirar hacia el sur.
III. La paradoja que avergüenza
Sin embargo, cuando uno examina con serenidad la relación entre el Estado dominicano y su diáspora, surge una contradicción que debería incomodar a cualquier político con un mínimo de pudor institucional.
La diáspora envía dinero. La diáspora vota.
La diáspora tiene siete diputados en el Congreso.
La diáspora aparece en los discursos patrióticos cada diciembre.
Pero cuando el dominicano que vive en el exterior intenta abrir una cuenta bancaria en su propio país, invertir en un negocio, comprar una vivienda o adquirir una pequeña finca donde soñar su retiro, se encuentra con un laberinto burocrático que parece diseñado para disuadirlo.
Y cuando, pese a todo, invierte los ahorros de toda una vida en una promesa inmobiliaria —un apartamento en Punta Cana, un solar en Jarabacoa, un proyecto que le vendió un compatriota con sonrisa de primo y contrato de usurero—, demasiadas veces descubre que su dinero se evaporó con el desarrollador y que la justicia dominicana opera con una lentitud que convierte al estafado en prisionero de su propia reclamación.
Es una contradicción que no admite eufemismos: el país que vive de la diáspora no protege a la diáspora.
Porque la diáspora dominicana no es una periferia sentimental de la nación. Es una de sus columnas estructurales. Es una reserva de capital humano, financiero y cultural que la República aún no ha aprendido a integrar en su estrategia de desarrollo —si es que tal estrategia, más allá de la letra muerta de la Ley 1-12, existe en la práctica—.
IV. Lo que existe y lo que falta: radiografía de una institucionalidad insuficiente
Sería injusto afirmar que el Estado dominicano no ha hecho nada. Sería intelectualmente deshonesto. Lo que corresponde es señalar que lo hecho es fragmentario, disperso y dramáticamente inferior a la magnitud del fenómeno.
Existe un marco constitucional: el párrafo único del artículo 18 de la Constitución manda a los poderes públicos aplicar políticas especiales para conservar los vínculos con los nacionales en el exterior. Existe un ecosistema institucional: la Ley 52-99 creó servicios de orientación; la Ley 1-08 estableció el CONDEX; el Decreto 372-15 y la Ley 630-16 dieron vida al INDEX, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Existen siete diputados de ultramar desde 2010. Existe la Ley 146-00, que exonera de impuestos aduanales el mobiliario personal del dominicano que regresa tras dos años en el exterior; y la Ley 168-67, que otorga exoneraciones parciales sobre vehículos importados. Existe la Ley 171-07, que ofrece incentivos fiscales a pensionados y rentistas de fuente extranjera. Y existe la Ley 189-11, que creó el fideicomiso inmobiliario como instrumento de protección para compradores en planos.
El problema no es la inexistencia de normas. El problema es que, miradas en conjunto, estas normas configuran un archipiélago de buenas intenciones sin puente que las conecte.
La Ley 146-00 permite una sola mudanza exonerada por vida, con una documentación consular engorrosa que parece diseñada en la era del télex. La Ley 168-67 exonera parcialmente vehículos, pero exige diez años de residencia en el exterior para acceder al beneficio máximo: un plazo absurdo que castiga al que se fue menos tiempo. La Ley 171- 07 —quizás el instrumento más generoso del régimen vigente— fue diseñada para atraer extranjeros jubilados con pensiones de al menos 1,500 dólares mensuales; el dominicano que regresa con ahorros pero sin pensión formal no califica. Y la Ley 189-11, que en teoría protege al comprador inmobiliario mediante el fideicomiso, en la práctica es burlada sistemáticamente: los promotores comercializan proyectos bajo la publicidad del fideicomiso, cobran adelantos directamente y la aprobación fiduciaria nunca llega. Las estafas inmobiliarias contra dominicanos del exterior son ya un fenómeno endémico, no anecdotal.
El INDEX, por su parte, funciona más como agencia cultural y de relaciones públicas que como motor de política pública vinculante. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, contenida en la Ley 1-12, menciona a la diáspora en sus objetivos y líneas de acción — fortalecer vínculos, apoyar reinserción digna—, pero sin presupuesto específico, sin metas cuantificables y sin mecanismo de exigibilidad. Es, en la práctica, una declaración de buenas intenciones con rango de ley.
Parte 2/2 para la próxima semana.
Por Lic. Radomiro Peña Jiménez
Abogado • Analista político • Columnista
Santo Domingo, República Dominicana