La atención, el cuido y los gastos de las parturientas haitianas, no puede caer sobre los maltrechos y gastados hombros de los dominicanos. Los hospitales de la red pública no son suficientes para atender nuestras necesidades, y en consecuencia, los haitianos se convierten en una carga.
Las autoridades deben impedir que entren a territorio nacional parturientas haitianas. Si están ilegales deben ser deportadas. Es un derecho de soberanía, de territorialidad, y sobre todo, de preservación de los servicios de salud para los dominicanos.
Nadie paga por la atención sanitaria a las haitianas parturientas. Ese es un gasto que recae a los bolsillos de los dominicanos, que pagan sus impuestos. Podemos ser solidarios, pero no haciéndonos cargos de un problema que no nos pertenece.
Los dominicanos siempre hemos sido solidarios con el pueblo haitiano, pero esta emigración masiva de nuevo cuño ya es intolerable. Se ha tenido mano muy suave para hacer frente a los ilegales. Culpa y responsabilidad en primer grado la tienen los empresarios, que ven una mano de obra barata.
Los haitianos vienen a trabajar a la República Dominicana por un salario de hambre, y viven en condiciones infrahumanas. Los inversionistas de la construcción y los agroindustriales los utilizan tan pronto penetran en el país. No le quitan la plaza a dominicanos, porque los obreros locales hace años abandonaron áreas ocupacionales que no tienen buenos salarios ni seguridades de ningún tipo.
Las Naciones Unidas ahora están pidiendo que las autoridades paren las deportaciones de las haitianas parturientas. El gobierno dominicano tiene la debida autoridad para deportar a los ilegales, sean enfermos mentales o embarazadas. No podemos hacernos cargos de un problema que tiene que ser resuelto por los haitianos.
Las Naciones Unidas es una organización que merece respeto por su solidaridad con los refugiados de todo el mundo, sobre todo donde ocurren desgracias de la naturaleza o se escenifican guerras que violan el derecho a la vida. Sin embargo, desde hace años las Naciones Unidas plantean que los dominicanos resuelvan los problemas de Haití, en cuanto a sanidad y pobreza.
Ya se recuerda la tormentosa estadía de Álvaro Vargas Llosa, alto comisionado local para los Refugiados de las Naciones Unidas. Llegó a ser repudiado por organizaciones políticas y comunitarias. Quería que se establecieran campamentos de este lado de la frontera, y hospitales en suelo dominicano para atender a los haitianos.
Los Cascos Azules de las Naciones Unidas intervinieron a Haití y no edificaron esos hospitales, ni ejecutaron programas de bienestar social, por el contrario desmantelaron al Ejército y a la Policía, y al no crear nuevas fuerzas del orden, dieron pie a las pandillas que hoy son los jefes haitianos.
El pueblo dominicano puede ser solidario, pero no poner sobre su cabeza la crisis humanitaria, social y política de Haití. Las Naciones Unidas aglutina a las grandes potencias y si lo desea puede obtener los recursos necesarios para que Haití comience por la senda del desarrollo. Los ilegales deben ser deportados, es nuestro derecho y nuestro deber. ¡Ay!, se me acabó la tinta.
Por Manuel Hernández Villeta