RESUMEN
La geopolítica, en sus múltiples lecturas, nos enseña que el Estado es un organismo vivo. Pero, a diferencia de los seres biológicos que nacen, se desarrollan y mueren, el Estado no desaparece: se transforma. Desde la comunidad primitiva hasta las democracias contemporáneas, su función ha mutado constantemente, adaptándose a los desafíos de cada época. Sin embargo, en medio de esa evolución, hay dos elementos que han persistido como constantes estructurales: la sujeción a la legalidad y el monopolio legítimo de la fuerza. Estos no son simples atributos funcionales; son el corazón mismo del Estado moderno. Sin ellos, no hay Estado, sino arbitrariedad o anarquía.
La sujeción a la legalidad significa que el poder estatal no es absoluto ni discrecional. El Estado está obligado a actuar conforme a normas jurídicas previamente establecidas, del mismo modo que exige a los ciudadanos que orienten su vida dentro del marco jurídico. Esta sujeción no es una limitación externa, sino una condición interna de su legitimidad. El Estado se reconoce como tal cuando se somete a la ley, tanto en su dimensión administrativa como en su relación con los administrados.
Pero no se trata solo de que el Estado obedezca la ley: también debe hacerla obedecer. Una de sus funciones esenciales es someter a los particulares al orden jurídico, garantizando que nadie —persona física o jurídica— actúe al margen de las normas que rigen la vida colectiva. Y para ello, el Estado se vale de su otro gran atributo: el monopolio legítimo de la fuerza. Es a través de este poder que puede hacer cumplir la ley, corregir desviaciones y proteger el orden institucional.
El monopolio de la fuerza implica que solo el Estado puede ejercer la coerción de manera legítima dentro de su territorio. Esta concentración no es un privilegio, sino una responsabilidad: garantiza que la violencia no se disperse en manos privadas, que no se convierta en instrumento de caos, venganza o dominación paralela. Pero esta fuerza no es libre ni ciega; está regulada, controlada y justificada por el derecho.
Su legitimidad depende de su uso justo, proporcional y controlado. Cuando el Estado abusa de este poder o lo ejerce sin rendición de cuentas, se erosiona la confianza ciudadana y se pone en riesgo la democracia. Norberto Bobbio advirtió que el poder estatal debe estar subordinado al derecho para evitar la tiranía. Walter Benjamin, por su parte, nos recordó que toda violencia estatal está cargada de tensiones éticas, y que su legitimidad no puede darse por sentada.
En su nuevo rol el estado adquiere dos componentes mas dentro de su naturaleza: La preponderancia de los derechos humanos y el sostenimiento de la seguridad nacuionl
En el contexto del Estado constitucional, la legalidad y la fuerza ya no bastan. La naturaleza del Estado moderno se redefine a partir de un nuevo eje: la preponderancia de los derechos humanos. No se trata solo de que el Estado respete los derechos fundamentales, sino de que los coloque en el centro de toda su estructura normativa y operativa.
La ley no puede ser un instrumento de opresión, sino una garantía de dignidad. La fuerza no puede ser solo eficaz, debe ser también justa. La administración pública, el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y todos los órganos del poder deben actuar con un compromiso explícito con la protección de la persona humana. La dignidad, la igualdad y la libertad ya no son aspiraciones éticas: son mandatos constitucionales.
Este nuevo paradigma exige que toda política pública, toda medida de seguridad, toda acción estatal, sea evaluada a la luz de su impacto sobre los derechos humanos. El Estado ya no puede ser neutral frente a la injusticia: debe ser garante activo de la inclusión, la equidad y la no discriminación.
En este marco, la seguridad nacional también adquiere una nueva dimensión. Ya no se trata únicamente de proteger estructuras o prevenir conflictos, sino de salvaguardar el orden democrático, la convivencia pacífica y los derechos fundamentales. La seguridad nacional no puede ser excusa para el autoritarismo, sino expresión de un compromiso ético con la vida, la libertad y la institucionalidad.
El Estado tiene la responsabilidad de identificar y neutralizar riesgos que amenacen su integridad, pero debe hacerlo sin sacrificar los principios que lo legitiman. La seguridad no puede estar reñida con la democracia: debe ser su aliada. En este escenario, la inteligencia de Estado se convierte en una función estratégica y transversal. Ya no puede entenderse como una tarea exclusiva de agencias especializadas. La inteligencia es una responsabilidad compartida por todos los organismos públicos, sin importar su ámbito de competencia.
Desde los ministerios hasta los gobiernos locales, desde las fuerzas armadas hasta las instituciones educativas, todos los órganos del Estado deben contribuir a la producción de análisis estratégico orientado a proteger los intereses y objetivos nacionales.
La naturaleza del Estado sigue descansando sobre la legalidad y la fuerza. Pero en el siglo XXI, esa legalidad debe ser constitucional, y esa fuerza debe estar al servicio de la dignidad humana. El Estado ya no puede ser solo un aparato de control; debe ser una arquitectura de garantías. Y en ese tránsito, la seguridad nacional y la inteligencia no son excesos del poder, sino expresiones necesarias de su responsabilidad.
Porque el verdadero poder del Estado no está en su capacidad de imponer, sino en su voluntad de proteger sin traicionar los principios que lo hacen legítimo. Solo así podrá seguir transformándose sin perder su esencia.
El autor es abogado, magister en Seguridad y Defensa Nacional, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, doctorando en derecho Administrativo iberoamericano, coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD.
Por Juan Manuel Morel Pérez
j.morelperez@gmail.com