Obligaría a la población a pagar por el uso de fundas plásticas
La promulgación de la Ley 98-25, sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, por parte del presidente Luis Abinader traerá serios inconvenientes a los habitantes de la República Dominicana pues con la misma se pretende prohibir la entrega gratuita de bolsas(fundas) plásticas en los establecimientos comerciales a la hora de realizar compra de cualquier artículo, sea comestible o no.
Y digo que traerá inconvenientes porque lo que establece la normativa, promulgada es la modificación a la Ley 225-20, sobre manejo de desechos solidos, mediante la cual señala en su artículo 27: “Se otorga un nuevo plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, para que quede totalmente prohibida a los establecimientos comerciales la entrega gratuita de bolsas o fundas plásticas de un solo uso”.
Lo que quiere esto decir, de acuerdo con mi humilde y entendimiento no es que se esté prohibiendo en el país el uso en si de las fundas plásticas, sino que mediante esta modificación a la ley sobre manejo de residuos sólidos, lo que se busca es que los comerciantes y por ende los fabricantes de este tipo de recipientes aumenten sus ganancias poniéndole precios a estos utensilios que el público en la actualidad recibe de manera «gratuita».
De acuerdo con quienes redactaron este mamotreto de ley, con esta medida se reduciría el uso de este material que di bien es cierto que un gran porcentaje va a parar a los imbornales, produciendo que estos colapsen y produzcan grandes inundaciones en nuestras zonas urbanas y otras va a parar a las cuencas de nuestros ríos y cañadas; no menos cierto es que las mismas son reutilizables en los hogares para múltiples tareas como el manejo de los desperdicios sólido (basura).
Sin embargo el legislador debió prever que con las medidas a ser implementadas a partir de la fecha descrita, esto en ves de una solución, acarreará múltiples problemas a la población común debido a que la misma no presenta una solución acabada en torno a su uso en cuestión, sino que con esto se lesionará aún más su ya maltrecha economía.
De acuerdo con la modificación a dicha Ley, tentativamente, el período de gratuidad concluiría el martes 15 de diciembre de 2026, una fecha en la que la población se aglomera en los centros comerciales debido a la temporada navideña. Durante la cuenta regresiva, la ley ordena a las empresas crear campañas de orientación para sustituir su uso por fundas o bolsas reciclables o reusables y reducir el consumo de fundas plásticas.
El objetivo del mandato legal es reducir la acumulación de desechos y mejorar la limpieza urbana, a la vez que fomenta nuevas oportunidades económicas en el ámbito de la gestión ambiental y el reciclaje.
Otro problema que traerá dicha medida será el como los hogares manejarían los desperdicios en los hogares.
¿Acaso contempla la nueva normativa este tipo de situación?
¿Volveremos entonces al uso de la bolsas de papel?
¿Cuándo iniciará la campaña de concienciación en ese sentido?
¿Y que haremos con los miles de productos embalados en material plásticos como agua, gaseosas, yogures, café, chocolate y otros tantos?
Hago estas interrogantes porque antes de existir esta nueva directriz, en octubre del 2025 era la fecha límite para esta prohibición, según lo tenía estipulado el artículo 172 de la Ley 225-2, promulgada el 2 de octubre del 2020. Sin embargo, no se tomó en cuenta debido a que, desde julio pasado, la pieza fue llevada a las cámaras legislativas para su modificación.
Otra fecha tope cercana establecía que, dentro de 60 días después de la promulgación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) deberá elaborar el texto completo del Plan Nacional de Gestión Integral de los Residuos (Plangir) en versión digital. El artículo 33 fija un plazo de 12 meses para que las alcaldías y juntas municipales sometan sus respectivos planes de manejo de residuos a ese Ministerio.
Por Héctor Gerardo