RESUMEN
La tarde del pasado 22 de marzo, el presidente Luis Abinader se dirigió a la nación en un momento particularmente sensible para la economía global. Su intervención fue clara: estamos ante una crisis que no hemos provocado, pero que inevitablemente nos impacta desde ya.
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha generado presiones inmediatas sobre el precio del petróleo y sus derivados, afectando de forma directa a economías como la nuestra. En un mundo interconectado, ningún país queda al margen y la República Dominicana no es la excepción.
Ahora bien, esta situación no llega sola. Se suma a una serie de retos que ya veníamos enfrentando: recordemos una desaceleración del crecimiento económico por debajo del 3% al cierre de 2025, la ausencia de una reforma fiscal estructural, subsidios a los combustibles sin criterios claros de focalización y un nivel de endeudamiento que ha servido para sostener el gasto corriente.
Si, nuestras autoridades han indicado que contamos con reservas que nos permiten maniobrar en el corto plazo. Pero esto no se trata sólo de resistir, se trata de ordenar, corregir y tomar decisiones de fondo.
Es momento de ajustarnos, pero también de avanzar; y avanzar, desde mi perspectiva como abogado, implica algo muy puntual: fortalecer nuestro andamiaje jurídico.
El país necesita, con carácter de urgencia, un nuevo Código de Trabajo. No como un simple cambio de texto, sino como una actualización real de las reglas que rigen la relación entre capital y trabajo. Hoy operamos con un marco que no conversa del todo con la realidad actual.
El teletrabajo, que de hecho ha sido sugerido por nuestro presidente en su más reciente alocución, como una de las medidas a implementar, es el mejor ejemplo. Existe, se usa, funciona, pero jurídicamente sigue en terreno difuso. No hay reglas claras sobre jornada, supervisión, desconexión digital ni responsabilidades. Eso genera incertidumbre. Y donde hay incertidumbre, se frena la inversión y se debilita la relación laboral.
Un código laboral moderno debe lograr equilibrio: proteger al trabajador sin asfixiar al empleador, y permitir que el país compita en un entorno global donde la flexibilidad también cuenta.
Pero no es sólo un tema de leyes. Es también un tema de justicia. Hoy, muchos conflictos empresariales en la República Dominicana enfrentan una realidad conocida: los extensos plazos en los tribunales. Procesos que deberían resolverse en tiempos razonables, se prolongan más de lo que la dinámica empresarial permite.
Y esto tiene un costo. Un costo silencioso, pero real: menos confianza, menos inversión, menos dinamismo. La seguridad jurídica no es un discurso, es una experiencia y esa experiencia sí bien ha presentado mejoría, aún tiene espacio para mejorar.
A esto se suma la necesidad de agilizar procesos administrativos clave. Sectores como la construcción siguen enfrentando permisologías lentas que frenan proyectos, encarecen costos y retrasan oportunidades. Reducir esos tiempos no es opcional, es estratégico.
De igual forma, los subsidios deben evolucionar. Mantenerlos de forma generalizada ya no es sostenible. Es momento de priorizar a quienes realmente sostienen la actividad productiva; y en paralelo, comenzar a mirar con más intención sectores como la agricultura y las zonas francas, para que puedan acompañar al turísmo, que es un nuestra principal fuente económica, en un escenario en el que definitivamente no podemos seguir apostándolo todo a un solo motor en medio de un contexto global incierto, en el que no necesariamente la gente apunte a tener como prioridad -al menos por ahora- el sol y la playa.
Sí algo nos ha demostrado la historia reciente, es que este país sabe resistir y avanzar. Lo hicimos en 2020, enfrentando la pandemia, siendo uno de las primeras naciones en aperturar su actividad económica por completo; desde el 2021, mantenemos estabilidad en materia de seguridad nacional pese a la crisis en Haití tras el magnicidio de su presidente Jovenel Moïse; a partir del 2022, navegamos los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, con éxito, fijando la mirada hacia otros mercados que han amoltiguado los embates de dicho conflicto; y desde 2025, hemos sostenido nuestra actividad económica con dinamismo, frente a los aranceles establecidos por la administración del presidente Donald Trump, sobre las importaciones de los Estados Unidos.
De manera que conforme a lo anterior, no es la primera vez que el contexto global nos pone a prueba y probablemente no será la última. Pero hay algo que si está en nuestras manos: que esta vez no sólo resistamos, sino que hagamos los ajustes que por años hemos pospuesto. Porque al final, más allá de las coyunturas, el verdadero reto es interno: tener reglas claras, instituciones que funcionen y decisiones que lleguen a tiempo.
La meta es 2026; y llegar bien no es cuestión de suerte, es cuestión de hacerlo bien desde ahora.
Por William Encarnación