RESUMEN
La multitudinaria “Marcha del Pueblo”, celebrada este domingo 30 de noviembre de 2025, se ha convertido en un acontecimiento político decisivo para la vida pública dominicana. Miles de ciudadanos tomaron las calles del Distrito Nacional para denunciar el alto costo de la vida, la inseguridad, los apagones, la precariedad de los servicios públicos y la frustración acumulada por un Gobierno que no ha sabido responder a las necesidades más urgentes de la población. No fue una manifestación más: fue la expresión organizada de un país que se siente al límite.
Desde una perspectiva constitucional, la marcha se inscribe plenamente en el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación que reconoce la Constitución dominicana como pilares esenciales del Estado social y democrático de derecho. En un contexto de deterioro institucional, la protesta pacífica se convierte en un mecanismo legítimo de control ciudadano sobre el poder, cuando el Gobierno actúa con indiferencia o incapacidad frente al sufrimiento colectivo.
Las consignas escuchadas y los testimonios recogidos durante el recorrido muestran un malestar real: salarios que no alcanzan, alimentos cada día más caros, medicamentos prohibitivos, servicios públicos deficientes y una creciente sensación de desprotección. La población está experimentando un deterioro sostenido en su calidad de vida, mientras el Gobierno insiste en narrativas de éxito económico que no se corresponden con la experiencia cotidiana de la gente.
La marcha también evidenció la creciente fortaleza organizativa de la Fuerza del Pueblo como principal fuerza opositora del país. La capacidad de movilizar a miles de ciudadanos, provenientes de distintos barrios y estratos sociales, demuestra un nivel de articulación política que trasciende la militancia partidaria. En República Dominicana, la calle es el escenario donde se mide el músculo político real, y la Fuerza del Pueblo demostró que tiene presencia, estructura y ascendiente social.
El liderazgo de Leonel Fernández emergió renovado al encabezar la manifestación y al articular un mensaje político que conectó con las emociones y expectativas de los participantes. Sus declaraciones —afirmando que el PRM es un “inquilino temporal” en el Palacio Nacional y que deberá recoger sus “maletas” en 2028— sintetizan la percepción creciente de que el Gobierno se encuentra en un proceso acelerado de desgaste y desconexión con las mayorías.
En términos de legitimidad, la marcha constituye un cuestionamiento directo a la legitimidad de ejercicio del Gobierno del PRM. Aunque este accedió al poder por la vía electoral, el ejercicio del Gobierno exige responder a las necesidades esenciales de la población: garantizar seguridad, servicios básicos y protección social. Cuando el Gobierno fracasa en estos aspectos, su legitimidad se erosiona, y la ciudadanía empieza a mirar hacia alternativas que ofrezcan estabilidad y liderazgo.
La protesta también revela un reordenamiento del sistema de partidos. Mientras el PRM enfrenta un deterioro evidente y el PLD pierde centralidad, la Fuerza del Pueblo se consolida como eje articulador de la oposición. Este nuevo equilibrio político tendrá un peso determinante en el camino hacia las elecciones de 2028, donde la capacidad de conectar con el malestar social será tan importante como la organización interna y la propuesta programática.
La magnitud de la “Marcha del Pueblo” obliga a las instituciones del Estado a reflexionar. No se trata de una protesta aislada, sino de la síntesis de un reclamo nacional que exige rectificaciones profundas en materia económica, social e institucional. Ignorar este mensaje sería políticamente irresponsable y constitucionalmente riesgoso, pues un Gobierno que pierde la confianza del pueblo abre la puerta a una crisis de gobernabilidad.
La jornada del 30 de noviembre quedará registrada como un punto de quiebre en la política dominicana. La Fuerza del Pueblo demostró capacidad de movilización real y conexión con el sufrimiento cotidiano de los dominicanos. Para el PRM, el desafío consiste en reconocer la gravedad del momento y corregir el rumbo. Para la oposición, el reto será transformar el descontento en una propuesta seria y viable de país. Lo que está en juego no es solo una elección: es el rumbo futuro de la democracia dominicana.
POR JOSÉ MANUEL JEREZ