RESUMEN
Vivimos en un mundo repleto de fracturas político-sociales, donde el lenguaje de la libertad se ha convertido en una consigna maleable, útil para unos y prescindible para otros. Se nos habla de democracia como un ideal universal, pero su defensa parece activarse solo cuando conviene a determinados intereses. En ese escenario emerge la figura del “policía global”, un supuesto garante del orden internacional que afirma intervenir para liberar a los pueblos del autoritarismo, el narcotráfico y las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la pregunta inevitable es: ¿la libertad que se defiende es realmente universal o profundamente selectiva?
Basta observar los ejemplos más cercanos. Nuestro vecino país marcado por crisis tras crisis ha pasado décadas clamando auxilio a organismos internacionales, atrapado entre la debilidad institucional y la indiferencia estructural. Allí, la democracia no colapsa por falta de discursos, sino por exceso de abandono. La ayuda llega tarde, condicionada o fragmentada, como si la dignidad también tuviera jerarquías geopolíticas.
En África, la República del congo encarna otra paradoja: un presidente con 42 años en el poder y procesos electorales que, lejos de renovar la voluntad popular, se convierten en rituales de legitimación formal. El silencio internacional frente a estas realidades no es casual; responde a una lógica donde la democracia se tolera o se cuestiona según su alineación con el orden económico y estratégico dominante.
En América Latina, el caso de Daniel Ortega revela una contradicción similar. Nicaragua es señalada con razón por la concentración de poder y la represión, pero el énfasis selectivo con que se condena contrasta con la tibieza aplicada a otros regímenes igualmente cerrados. No se trata de justificar autoritarismos, sino de denunciar la doble moral con que se juzgan. Esta selectividad no es un error del sistema: es su funcionamiento natural. El orden internacional no se rige por principios éticos universales, sino por relaciones de poder. La democracia, así, deja de ser un derecho y pasa a ser una herramienta; la libertad, un privilegio negociable; los derechos humanos, un argumento retórico que se activa cuando sirve al statu quo.
Esta mirada no propone un romanticismo ingenuo ni la negación de los abusos cometidos por gobiernos que se autodenominan populares. Por el contrario, exige coherencia: o la democracia vale para todos, o deja de ser democracia; o los derechos humanos son universales, o se convierten en propaganda. Defender la autodeterminación de los pueblos implica rechazar tanto el imperialismo externo como el autoritarismo interno.
En este mundo de crisis encadenadas, la verdadera disidencia no está en cambiar de amo, sino en romper la lógica del amo. Pensar la política hoy es atreverse a cuestionar quién define la libertad, para quién se ejerce y a qué costo. Porque mientras la libertad siga siendo selectiva, la democracia seguirá siendo una promesa incumplida y no un proyecto colectivo de emancipación.
Ronnie Alberto Gómez Marlon