RESUMEN
En la República Dominicana no todos enfrentan la justicia en igualdad de condiciones. Esa es una verdad incómoda, pero innegable.
En las aulas universitarias nos enseñan que el Derecho Penal es el instrumento más importante para garantizar el orden social, proteger derechos y sancionar conductas reprochables. Se nos habla de principios, de garantías, de equilibrio. Se nos forma para creer en un sistema justo.
Pero al salir de la teoría y entrar a los tribunales, la realidad golpea: el sistema penal no siempre es justo, y muchas veces, tampoco es humano.
Como sostiene el jurista Claus Roxin, el Derecho Penal debe garantizar una convivencia libre y pacífica. Sin embargo, lo que vemos en la práctica es otra cosa: un sistema que actúa con rigor frente al débil y con indulgencia frente al poderoso.
Lo digo con conocimiento de causa.
Defendí recientemente a un joven enfermo de leucemia. No era un delincuente peligroso. No representaba riesgo de fuga. No tenía antecedentes. Era un hombre de fe, padre responsable, hijo ejemplar. Aun así, fue tratado como si fuera una amenaza para la sociedad.
Le fabricaron un proceso lejos de su realidad, en una jurisdicción donde nunca había estado. Una denuncia por supuestas amenazas bastó para activar todo el aparato penal en su contra.
Durante la audiencia de medida de coerción presentamos pruebas claras: arraigo, condición de salud, inexistencia de peligro procesal. Todo fue ignorado.
La decisión ya estaba tomada.
Tres meses de prisión preventiva.
Tres meses para un joven enfermo, recluido en condiciones que agravaron su estado de salud. Tres meses donde la justicia no protegió, sino que castigó sin razón.
Finalmente, el tribunal dictó auto de no ha lugar. Es decir, el mismo sistema que lo encarceló reconoció que no había méritos para procesarlo.
Pero el daño ya estaba hecho.
Aquí es donde debemos preguntarnos:
¿Quién responde por ese abuso?
¿Quién repara el tiempo perdido, el sufrimiento, la humillación?
¿Quién asume la responsabilidad de una decisión injusta?
La prisión preventiva, que debería ser una medida excepcional, se ha convertido en una herramienta de castigo anticipado. Y peor aún, se aplica con mayor facilidad contra quienes menos pueden defenderse.
Mientras tanto, otros casos —más graves, más evidentes— reciben un trato distinto. Más flexible. Más “comprensivo”.
Eso no es justicia.
Eso es desigualdad institucionalizada.
Como advierte Claus Roxin, el Derecho Penal no puede convertirse en un mecanismo de opresión. Cuando se utiliza sin equilibrio, deja de ser garantía y se transforma en abuso de poder.
La justicia dominicana necesita algo más que reformas legales. Necesita conciencia. Necesita valentía. Necesita jueces que no teman decidir con criterio, y fiscales que no utilicen el poder punitivo como herramienta de presión.
Porque cuando el sistema falla, no falla en abstracto. Falla sobre personas reales. Sobre vidas reales.
Y cuando la justicia pierde su equilibrio, deja de ser justicia.