En los últimos años, la República Dominicana ha sido testigo de un cambio trascendental en el ámbito judicial. Por primera vez en nuestra historia reciente, podemos afirmar con orgullo que contamos con una justicia verdaderamente independiente, capaz de actuar con autonomía, sin someterse a presiones políticas, económicas o sociales.
Durante décadas, el sistema judicial dominicano fue señalado como un espacio vulnerable a la injerencia externa. Las decisiones judiciales, en muchos casos, estaban condicionadas por intereses ajenos a la ley y a la Constitución. Existía la percepción —y en ocasiones la realidad— de que una “llamada de la casa grande” podía alterar el curso de un expediente o torcer la balanza de la justicia. Ese panorama empezó a cambiar cuando se asumió con firmeza que la independencia judicial no debía ser una promesa, sino una garantía incuestionable del Estado de derecho.
Como abogados, nos sentimos profundamente orgullosos de esta nueva etapa. Nuestra labor profesional adquiere mayor sentido cuando sabemos que los tribunales valoran los argumentos presentados en estricto apego al derecho, y no por influencias externas. Esta independencia se traduce en seguridad jurídica, confianza en el sistema y, sobre todo, esperanza en una República Dominicana más justa y equitativa. Defender a un cliente, presentar pruebas o invocar principios constitucionales tiene hoy un impacto real porque los jueces, libres de presiones indebidas, pueden dictar sentencias conforme a la ley y a su conciencia.
La justicia independiente no es un triunfo exclusivo de los abogados o de los jueces; es un logro colectivo que fortalece la democracia dominicana. Una ciudadanía que confía en su sistema judicial es una sociedad que cree en la igualdad, en la transparencia y en el respeto a las instituciones. Cada decisión justa fortalece la confianza pública, consolida la institucionalidad y envía un mensaje claro: en la República Dominicana, la ley es la misma para todos.
Finalmente, corresponde agradecer al presidente Luis Abinader por haber tenido la voluntad política y el compromiso democrático de devolverle al pueblo dominicano la credibilidad en su justicia. Su decisión de respetar la independencia judicial y permitir que las instituciones actúen sin presiones externas ha marcado un antes y un después en la historia reciente de nuestro país. Ese gesto de altura, pocas veces visto en nuestra política, merece ser reconocido porque demuestra que el verdadero liderazgo no se ejerce desde la imposición, sino desde la convicción de que la democracia se fortalece cuando se respetan sus pilares esenciales.
La justicia independiente no es una concesión, es una conquista. Y hoy, con el esfuerzo conjunto de jueces valientes, de profesionales del derecho comprometidos y de un liderazgo político que entendió su papel en este proceso, podemos decir que la República Dominicana empieza a transitar, con paso firme, hacia una democracia más sólida, transparente y confiable.
Por Kary Almonte