En la República Dominicana, más de la mitad de la población económicamente activa trabaja en condiciones informales. Esta realidad, aunque normalizada, representa una seria vulnerabilidad para millones de ciudadanos que carecen de protección legal, seguridad social y acceso a beneficios laborales fundamentales.
La informalidad laboral abarca aquellas actividades económicas que operan al margen de la regulación estatal, sin cumplir con las normativas laborales ni ambientales. No se trata de actividades ilegales —pues generan bienes y servicios útiles—, pero sí de un incumplimiento sistemático de las obligaciones fiscales y legales.
Entre los sectores más afectados se encuentran vendedores ambulantes, choferes del transporte público, mecánicos, plomeros, estilistas, barberos, trabajadores domésticos, jornaleros agrícolas y obreros de la construcción. Estas ocupaciones, aunque esenciales, se desarrollan en un marco de desprotección que limita las oportunidades de desarrollo personal y colectivo.
Causas estructurales e institucionales
Dos enfoques explican las causas de la informalidad. El estructuralista la vincula con el crecimiento económico, la diversificación productiva y la integración tecnológica. En cambio, el institucionalista atribuye la informalidad a la burocracia estatal, la complejidad impositiva y la falta de incentivos para formalizarse.
Las cifras del Banco Central, publicadas en mayo de este año, revelan que el 53.4 % de los trabajadores dominicanos están empleados en la economía informal. Aunque este dato nos coloca en la media regional, estamos muy por encima de países como Chile y Uruguay, donde la informalidad no supera el 30 %.
Uno de los principales obstáculos para la formalización es el alto costo legal y contable. Crear una micro o pequeña empresa en el país puede costar entre RD$40,000 y RD$50,000. Además, mantenerla activa implica contratar una iguala contable de al menos RD$10,000 mensuales —una carga difícil de asumir para emprendedores sin operaciones regulares.
Simplificación tributaria: una necesidad urgente
Frente a esta realidad, diversas instituciones académicas y empresariales han abogado por simplificar los procesos de formalización. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ha propuesto la implementación de un monotributo, un impuesto único para pequeñas y medianas empresas que reduciría la carga administrativa y facilitaría el cumplimiento tributario.
Incluso el propio Director General de Impuestos Internos reconoció, en un evento organizado por la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), que «la forma de pagar impuestos en este país es de las más complejas del mundo».
Una política pública ausente
Las estadísticas anuales sirven, muchas veces, más como consuelo que como herramienta de transformación. No hay evidencia de una política pública efectiva para reducir la informalidad. La comparación con países de similares condiciones no debería ser un objetivo, sino una advertencia.
La informalidad laboral, en definitiva, es una responsabilidad del Estado.
El autor es ingeniero civil y economista, MSc.
Correo: ingenieromateo@hotmail.com
Por Julio Sesar Mateo