RESUMEN
Mientras en nuestro país se enciende el debate por la exigencia del cumplimiento del Código Tributario en cuanto a la indexación del salario imponible para el pago de impuesto sobre la renta, exigida, en años anteriores, por dirigentes políticos de Opción Democrática y rescatada, durante la discusión del presupuesto para el 2026, por el Senador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, en Brasil, el presidente Lula celebra la histórica aprobación de una reforma fiscal que corrige varias distorsiones.
Y es que el pasado 4 de noviembre se publicó la noticia de la aprobación por parte del Senado brasileño que librará del pago de Impuesto Sobre la Renta a los trabajadores con ingresos de hasta 5.000 reales mensuales (cerca de 930 dólares, equivalentes a 59,520 pesos dominicanos). Esta medida, según cuentan las reseñas periodísticas, beneficiará a más de 25 millones de contribuyentes, ya sea con una reducción del impuesto o con la exención total del mismo, logrando que el trabajador pueda ahorrar el pago de impuesto equivalente a casi un salario durante el año.
Para lograr balancear la estructura fiscal del país suramericano ante la evidente pérdida de ingresos fiscales que provocará esta medida, el gobierno de Lula introdujo un impuesto mínimo efectivo del 10 por ciento para las rentas altas, aplicable a contribuyentes con ingresos mensuales superiores a 50.000 reales (unos 9.294 dólares, equivalentes a 594,816 pesos) o anuales mayores a 600.000 reales (unos 111.528 dólares, equivalentes a 7,137,792 pesos), afectando apenas al 0.13 por ciento de los contribuyentes.
La reforma de Lula, un gobernante de izquierda, contrasta con la resistencia de algunos personajes ligados al gobierno dominicano de aplicar la ley y garantizar la indexación salarial a más de 720 mil trabajadores dominicanos que han visto su salario reducirse de forma significativa al ritmo de una inflación galopante que acumula más de 40% desde el 2017 (año de la última indexación).
Para graficar lo que he dicho, solo hay que ver el ejemplo de un trabajador formal dominicano que gane al mes unos 50 mil pesos. Solo por la inflación acumulada, esos 50 mil pesos de hoy equivalen a unos 30 mil pesos del 2017, una muestra de la pérdida real del poder adquisitivo de este empleado. En cambio, con la indexación promovida por la Fuerza del Pueblo, el mismo trabajador de los 50 mil pesos, se ahorraría alrededor de 22,000 pesos anuales. Es decir, que el gobierno le niega el derecho a los trabajadores dominicanos de recibir en un año lo que la inflación acumulada les quita cada mes.
En fin, los dominicanos estamos ante dos formas heterogéneas de ver el manejo del Estado, una, la actual, que no quiere afectar las exenciones fiscales de las grandes empresas y prefiere violar la norma tributaria en detrimento de los trabajadores y otra, la que representa la Fuerza del Pueblo, parecida a la de Lula, que busca el beneficio colectivo, la justicia social y económica, porque como dijo el expresidente Fernández, en su hilo de tuits sobre el tema de la indexación:
«El costo de la vida no es renta. Es mínimo vital. En las empresas no se gravan insumos; en los hogares, la canasta básica cumple ese papel. Gravar por debajo de ese umbral no es recaudar: es castigar la subsistencia del trabajador formal».
Por Mihail García