Cada 7 de enero las puertas de los tribunales del país se abren para significar la importancia de la justicia para la vida democrática; se conmemora el Día del Poder Judicial. La elección de la fecha tiene raíces históricas, se trataba del primer día laborable del año para Poder Judicial y en este se retomaban las labores jurisdiccionales y administrativas luego de un receso navideño, contemplado en el artículo 157 de la Ley núm. 821 sobre Organización Judicial de 1927, que quedó en desuso con los cambios en las dinámicas del servicio judicial de las últimas tres décadas. Por esto, el legislador, en el artículo 40 de la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial, consagró el 7 de enero como “El Día del Poder Judicial”.
En este día se conducen actos de gran importancia, se rinde cuentas y se comunican a la sociedad los logros y los desafíos de este poder del Estado, también es una oportunidad para la introspección de cada servidor judicial que tiene la responsabilidad de garantizar los derechos y satisfacer las expectativas de independencia, autonomía e imparcialidad de las personas a las servimos.
La rendición de cuentas que aquí se produce permite conocer la cantidad de casos resueltos, los aspectos más importantes de la lucha contra la mora judicial, los avances tecnológicos, así como los compromisos institucionales de transparencia y la visión estratégica de la justicia del futuro. En ese sentido, en el año 2025 se lanzó el plan estratégico 2034, que representa un pacto que redefine la relación entre la ciudadanía y el sistema judicial. Este plan, elaborado con la participación de juezas y jueces de todas las instancias, servidores judiciales, la comunidad jurídica y actores claves, constituye la hoja de ruta hacia una justicia más humana y eficiente.
Sin embargo, más allá de los datos, a menudo poco conocidos, y de las decisiones que más atraen la atención de los medios de comunicación, la justicia también significa el compromiso de las mujeres y los hombres que la administran, servidores judiciales que aportan a través de este delicado oficio un granito de arena para la construcción de una sociedad más pacífica y la consolidación del Estado de derecho.
Hoy, día del Poder Judicial, propongo pensar en tres dimensiones claves de su independencia: 1) la suficiencia presupuestaria; 2) la colaboración de los medios en la comprensión de la cuestión judicial; 3) el bienestar de los servidores judiciales.
Para el Poder Judicial, la autonomía presupuestaria y financiera es el resultado de un mandato legal: la Ley núm. 194-04 fija un piso de 4.10 % de los ingresos internos para el sistema de justicia, de los cuales 2.66 % corresponden al Poder Judicial. Sin embargo, la justicia se ha administrado con un porcentaje históricamente inferior, el promedio histórico es de apenas 1.23 % (un exiguo 0.15% del PIB). En 2025 la discusión de fondo sigue siendo el cumplimiento estable y previsible de la regla del 2.66 %. Garantizarlo fortalecería la autogestión institucional y la capacidad de respuesta frente a una demanda creciente de la sociedad.
Más allá de los recursos, el funcionamiento de la administración de justicia debe ser comprendido. La independencia también es resultado de la legitimidad en los imaginarios colectivos. Cada día se requieren de mayores esfuerzos del periodismo responsable y comprometido, como interlocutor entre la sociedad y el Poder Judicial, para promover una cultura de diálogo acerca de la importancia de la función judicial, de la transparencia y del escrutinio informado por parte de las ciudadanas y los ciudadanos para mitigar los riesgos del populismo en la era de la posverdad.
Finalmente, ninguna función social se cumple sin pensar en las personas; en especial aquellas a las que la sociedad confía la responsabilidad de decidir en torno a sus conflictos con imparcialidad e independencia. El bienestar de los servidores judiciales es clave para una administración de justicia oportuna y eficiente; cuidar la salud física y mental de las servidoras y servidores judiciales, mantener una distribución equitativa de la carga de trabajo, promover una compensación justa por los esfuerzos y la dedicación al servicio, fortalecer la carrera judicial y garantizar condiciones dignas para el retiro debe ser parte de nuestra conversación.
POR: CAROL MODESTO
* Articulo 3 de la ley no. 194-04 que dispone que la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, gozarán de autonomía presupuestaria
y administrativa. “El Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), serán de por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuyen de la manera siguiente: Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento(35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%) corresponderá al Ministerio Público”.
Dirección de Planificación y Desarrollo del Poder Judicial (2024). Plan Justicia del Futuro 2034. Poder Judicial de la República Dominicana. Disponible en: https://transparencia.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/planjusticiadelfuturo2034.pdf