Aunque mi práctica profesional y docente se ha concentrado en contabilidad, finanzas, auditoría y administración, mis estudios de cuarto nivel iniciaron en un terreno distinto: el Derecho del Comercio Internacional. A primera vista puede parecer paradójico que un licenciado en contabilidad decidiera orientarse hacia un campo jurídico, pero la explicación está en la interrelación evidente entre la economía, la política y el derecho, especialmente cuando hablamos de comercio mundial.
Al analizar el devenir histórico llegué a la conclusión de que, a partir de la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, se gestó un interés global en construir un mercado capaz de movilizar miles de millones de productos para satisfacer a miles de millones de consumidores. En ese contexto, las trabas arancelarias se convertían en un obstáculo directo al proyecto de integración económica.
El primer intento de institucionalizar esa visión se dio en 1946 con la creación de la Organización Internacional del Comercio (OIC), que fracasó por la falta de apoyo de Estados Unidos. Este revés dio paso a los Acuerdos Generales sobre Aranceles y Comercio (GATT, 1947), verdadera antesala de la globalización contemporánea. En esta segunda etapa, Estados Unidos jugó un papel crucial en el impulso de la liberalización arancelaria y la expansión de los mercados.
Sin embargo, en la tercera etapa, cristalizada en la Organización Mundial del Comercio (OMC), ese mismo liderazgo se vio cuestionado con las políticas unilaterales del presidente Donald Trump. Al imponer aranceles rígidos, sin negociación multilateral y bajo un enfoque proteccionista, Estados Unidos contradijo el mismo espíritu universal que había promovido durante décadas. La decisión rompía con la idea de un comercio basado en la confianza recíproca y en la reducción progresiva de barreras.
La paradoja es evidente: si más del 60% del comercio mundial toma como referencia el mercado estadounidense, cualquier acción unilateral de esa nación repercute inevitablemente en el resto del planeta. Por ello, los demás Estados se ven compelidos a establecer mecanismos de negociación de doble vía, en un esfuerzo por mantener el flujo equilibrado de bienes y servicios.
El reto de fondo sigue siendo el mismo: construir un comercio internacional verdaderamente universal, no sujeto a caprichos momentáneos, sino a la idea de que el intercambio equitativo de bienes debe estar al servicio de la gente: producir en demasía, para satisfacer en supremacía.
Por Pablo Valdez