RESUMEN
En la sociedad civil los abogados juegan un rol fundamental de asesores y conocedores de las leyes. De manera que, tal conocimiento permite prever cualquier descuido legal y, por supuesto, brindar un servicio de asesoría de alto nivel. Por tal motivo, no escapa a consideración la justificación del porqué algunas facultades de Ciencias Jurídicas en el país cuentan con la mayor cantidad de estudiantes con aspiraciones de cursar sus estudios en la referida carrera.
De ese modo, si se obtiene un título como licenciado en derecho y, como “conocedor y experto” en la materia (un título de licenciado que lo acredita), se entiende que dicha sapiensa le asiente para eludir equivocaciones y desaciertos, en el ámbito legal. En tal sentido, en un buen argot popular dominicano indica: “Es necesario tener un amigo médico, un abogado y un mecánico”, en virtud, que tales galenos son los que están llamados, en un determinado momento, para asistir y brindar las herramientas óptimas cuando algún individuo lo requiera o entendiese pertinente.
Igual ocurre en el ámbito político. Hemos vistos carreras políticas derribarse desde la cima más alta, por no tener un buen asesor y consejero jurídico. En ocasiones, figuras de renombre, que ostentan poder o influencia, se equivocan constantemente al carecer de servicios jurídicos o de profesionales en cualquier determinada área de expertiz. De manera que, dicha figura no debería esperar a que ocurra la desgracia para contratar los servicios de un buen abogado o asesor, sino que, por el buen asesoramiento que brindan tales profesionales, existe alta probabilidad de que los tropiezos o complicaciones puedan ser eludidos con brillanteces y también prever conflictos que empañen.
Válido es recordar el refrán popular que expresa que: “es mejor prevenir que lamentar”. Y esa previsión la otorga buen consejero jurídico, que tiene como tarea visualizar posibles consecuencias y errores a cometerse de tomar una decisión sin su opinión.
Actualmente, podemos observar que, durante el gobierno del presidente, Luis Abinader, algunos funcionarios de primera y segunda línea desafortunadamente se encuentran desvinculados o con funciones inferiores a las que ostentaba anteriormente. Esto se debe, principalmente, por falta experiencia dilatada que emprendieran acciones o estrategias capaces de evadir consecuencias nefastas en hechos acecidos.
La responsabilidad del ocaso de funcionarios se debe a que muchas veces dichos servidores públicos no contratan personal jurídico o estratégico altamente capacitado y apto para prevenir cualquier momento de crisis ante alguna decisión que pueda ser tomada.
Errar es de humanos. Sin embargo, si se aplica el consenso y las aprobaciones colegiadas en la toma de decisiones con profesionales de envergadura y sabiduría en diferentes áreas, las caídas pudieran ser menos dolorosas.
En definitiva, la situación ocurrida en la provincia de La Vega en un ejemplo vivo de lo anteriormente expongo en este artículo de opinión. En donde el alcalde electo en las elecciones de febrero de 2024 fue nombrado mediante decreto presidencial ministro de Deportes, dejando acéfalo la alcaldía de dicha provincia. Asimismo, renunció la vice-alcaldesa, para no asumir las funciones por la cual fue elegida. En ese sentido, la provincia de La Vega se encuentra en una especie de “limbo jurídico” y un desacierto legal, en donde no se sabe quién sería competente para designar al nuevo alcalde de la provincia.
Finalmente, esta movida política acontecida desde hace varios meses ha creado un amargo sabor en los munícipes que residen en la provincia de La Vega, en donde el alcalde renunciante quien ganó con una mayoría histórica, hoy, no goza de dicha simpatía por el contexto ocurrido. Por tal razón, sería oportuno cuestionarnos; ¿Si ese equipo político hubiese tenido un buen asesoramiento legal y estratégico, hubiese renunciado?
Por Paul Maldonado Bueno