Desde su llegada al poder en 2020, el presidente Luis Abinader ha hecho de la transparencia y la lucha contra la corrupción una bandera de su gestión. Se han promovido discursos de cero tolerancias y se ha destacado la independencia del Ministerio Público. No obstante, los hechos contrastan con estas promesas. A pesar de múltiples escándalos en diversas instituciones, no se ha visto una persecución efectiva contra funcionarios en ejercicio ni sanciones administrativas de peso. En varias dependencias del Estado se han destapado irregularidades que han terminado en simples destituciones, sin consecuencias penales ni recuperación de fondos públicos.
Aunque el presidente Luis Abinader destacó ayer en su discurso de rendición de cuentas que la Republica Dominicana ha mejorado su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, el país aún se encuentra en la posición 104 de 180 países, con una puntuación de 36 sobre 100, lo que indica que el problema sigue siendo estructural. El lo resalta como indicador positivo, pero debe analizarse con cautela ya que lo importante no solo es la percepción, sino la implementación real de medidas anticorrupción, sanciones efectivas y una mayor transparencia en la administración pública. Sin estos elementos la mejora puede ser superficial.
El presidente Luis Abinader ha emitido el Decreto 76-25, creando la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA). A primera vista, la iniciativa parece un esfuerzo por fortalecer la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Sin embargo, al analizar su estructura, alcance y las condiciones institucionales actuales, surgen serias dudas sobre su efectividad. Y nos preguntamos si estamos ante un verdadero avance o simplemente ante un nuevo intento de control político sin consecuencias reales.
Dicho decreto establece la creación de la CPTA, con el objetivo de coordinar estrategias para la prevención y combate de la corrupción en la administración pública, cuyas funciones principales serían: promover políticas de transparencia y prevención de la corrupción; coordinar acciones entre diferentes instituciones del Estado; recomendar medidas para mejorar la eficiencia de los controles gubernamentales. Pero esta comisión no tiene poder sancionador ni capacidad de investigar de manera autónoma. Su papel se limita a la “coordinación” de estrategias y recomendaciones, lo que la convierte en una entidad sin dientes frente al problema que pretende enfrentar.
Esta Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), conforme al decreto que la crea, ha quedado integrada por organismos que, en la práctica, carecen de autonomía para perseguir y sancionar actos de corrupción. No entendemos qué puede hacer la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) más allá de emitir recomendaciones, ya que no posee facultad para iniciar procesos judiciales ni sancionar; la Contraloría General de la República depende directamente del Poder Ejecutivo, lo que compromete su independencia; la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha sido señalada por su falta de rigurosidad en la supervisión de licitaciones y contratos estatales; el Ministerio de Administración Pública (MAP) está orientado a la gestión burocrática del Estado, sin herramientas reales para auditar el uso de los recursos públicos; y la Cámara de Cuentas, el organismo responsable de auditar el uso de los fondos públicos, hace tiempo que enfrenta una crisis interna que ha limitado su efectividad y su papel en la fiscalización del gasto gubernamental. Ha sido cuestionada, y varios informes han quedado engavetados sin ser conocidos por la opinión pública. Si la CPTA depende de informes y auditorías de la Cámara de Cuentas, su impacto será limitado en tanto dicho organismo siga sin cumplir su función con independencia y eficacia. La Cámara de Cuentas es un ente paralizado.
El decreto no establece medidas concretas para asegurar que sus recomendaciones sean obligatorias ni implementadas. En la práctica, sugiere acciones, pero no obliga a ninguna entidad a cumplirlas. Es algo así como una estrategia sin mecanismos de ejecución ni obligatoriedad. La CPTA se convierte en otro ente burocrático sin poder real, que corre los riesgos y consecuencias de una estrategia ineficiente. Si los riesgos son inevitables, entonces seguiremos con más impunidad, sin capacidad de acción. Los escándalos de corrupción seguirán quedando en simples denuncias mediáticas sin consecuencias reales. Se elevará la pérdida de credibilidad del gobierno, ya que la creación de organismos sin resultados concretos solo refuerza la percepción de que la lucha contra la corrupción es una estrategia de imagen y no una prioridad de gestión. De ahí que la población entiende que esto es solo un discurso político de la lucha anticorrupción y que no hay un compromiso genuino. La transparencia seguirá siendo utilizada como un discurso para atacar adversarios políticos mientras se protege a ciertos sectores.
Si el gobierno desea enfrentar la corrupción de manera efectiva, debe implementar medidas estructurales con verdadero impacto, que es lo que realmente se necesita, tales como: autonomía y fortalecimiento de la Cámara de Cuentas, para garantizar que sus auditorías sean públicas, oportunas y vinculantes; endurecimiento de sanciones administrativas y penales. No basta con destituir funcionarios, deben enfrentar consecuencias legales; despolitización de los órganos de control, en el entendido de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría son subordinadas al Poder Ejecutivo; la sociedad debe tener acceso en tiempo real a la ejecución presupuestaria y contrataciones del Estado. Sería ideal establecer mecanismos de auditoría ciudadana.
Esto no es más que un nuevo decreto y una misma realidad. El Decreto 76-25, lejos de ser una solución efectiva, parece ser un intento más de mostrar una voluntad política que no se refleja en acciones concretas. Sin un verdadero compromiso institucional y sin dotar de poder real a los organismos de control, la lucha contra la corrupción seguirá siendo un eslogan sin impacto en la vida pública. Si el gobierno de Abinader quiere dejar un verdadero legado de transparencia, necesita más que una comisión sin poder. Se requieren reformas profundas, voluntad de ejecución y resultados verificables. Mientras tanto, la impunidad sigue siendo la gran ganadora en la República Dominicana.
Por: José Peña Santana