El debate generado en torno a la situación del Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha sido utilizado por sectores de la oposición como un recurso político para atacar al gobierno actual. Y aunque toda gestión pública debe estar sujeta a fiscalización y escrutinio, resulta profundamente contradictorio —y hasta cínico— que quienes hoy pretenden erigirse como jueces morales sean precisamente los responsables de uno de los ciclos más largos y cuestionados de corrupción en la historia democrática dominicana.
Ni el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ni la Fuerza del Pueblo poseen autoridad moral para encabezar discursos anticorrupción. Gobernaron el país durante veinte años consecutivos y, lejos de fortalecer las instituciones, consolidaron un modelo de poder basado en el encubrimiento, la impunidad y el uso patrimonialista del Estado.
Durante ese prolongado período, la corrupción no fue un fenómeno aislado ni accidental; fue estructural. Casos como Odebrecht revelaron la existencia de sobornos millonarios para la adjudicación de obras públicas, sin que las consecuencias judiciales estuvieran a la altura del daño causado al erario. El caso Sun Land expuso cómo se comprometieron cientos de millones de dólares mediante préstamos aprobados al margen de la Constitución. La compra de los aviones Super Tucano demostró que incluso la seguridad nacional fue utilizada como excusa para el lucro ilícito.
A esta lista se suma uno de los capítulos más sensibles y decepcionantes para la sociedad dominicana: el manejo del 4 % del PIB destinado a la educación. Una conquista histórica lograda tras años de lucha social fue convertida en una oportunidad de negocios. En lugar de priorizar la mejora real de la calidad educativa, la capacitación docente y el fortalecimiento de la matrícula, gran parte de esos recursos se desviaron hacia proyectos inmobiliarios, construcciones apresuradas, centros educativos levantados sin planificación pedagógica y contratos inflados que beneficiaron a suplidores cercanos al poder.
Escuelas construidas donde no se necesitaban, aulas sin maestros, planteles sin estudiantes y obras sobrevaluadas se convirtieron en el sello de una política que confundió inversión educativa con cemento y varilla. El 4 % no produjo la transformación prometida del sistema educativo, dejando una brecha profunda entre la inversión realizada y los resultados obtenidos.
A ello se suman episodios como el escándalo de la OMSA, donde la corrupción administrativa degeneró en asesinato; el despojo de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), uno de los mayores atentados contra el patrimonio público; y las redes de desfalco reveladas posteriormente en los casos Coral y Coral 5G, gestadas durante administraciones peledeístas, que involucraron a altos mandos militares y policiales mediante nóminas fantasmas y estructuras paralelas.
Uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de esa etapa fue el manejo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Durante años, esta institución operó como un epicentro de sobrevaluaciones, extorsión administrativa y presión sistemática contra ingenieros y contratistas. El país quedó marcado por el suicidio del ingeniero David Rodríguez García, quien dejó una carta denunciando el acoso y las irregularidades a las que fue sometido.
La institucionalización de la impunidad alcanzó uno de sus momentos más evidentes con el “no ha lugar” otorgado al entonces senador Félix Bautista, pese a un expediente ampliamente documentado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Ese clima de encubrimiento fue acompañado por un discurso oficial que llegó a preguntar públicamente “¿cuál corrupción?”, burlando la inteligencia de un pueblo que sabe de pelota, pero también sabe de política.
Hoy, a diferencia del pasado, no existe un gobierno que tape lo mal hecho, sin importar el nombre, el cargo o la cercanía política de quien incurra en conductas ilícitas. Las investigaciones avanzan y la justicia no responde a consignas partidarias.
Fiscalizar es un derecho democrático incuestionable. Pero hacerlo desde la amnesia selectiva y el oportunismo político desacredita cualquier reclamo moral.
Hoy la corrupción no se detiene en ninguna puerta.
Por Kary Ramírez Almonte