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15 de febrero 2026
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OpiniónJosé Manuel JerezJosé Manuel Jerez

La función dual de los partidos políticos en la democracia

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RESUMEN

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En las democracias contemporáneas, los partidos políticos se han convertido en instituciones absolutamente esenciales. Su existencia no es fruto del azar ni de una mera evolución organizativa, sino la culminación de un proceso histórico mediante el cual las sociedades encontraron la forma más eficaz de organizar la representación y garantizar la gobernabilidad.
La teoría política moderna sostiene que los partidos cumplen una función dual que resulta indispensable para la arquitectura constitucional: por un lado, canalizan y articulan las demandas sociales; por otro, estructuran la competencia por el poder político. Esta dualidad es la que permite que la democracia funcione con coherencia, estabilidad y legitimidad.

En primer lugar, los partidos actúan como intermediarios institucionales entre el pueblo y el Estado. Ninguna sociedad es homogénea; todas están compuestas por grupos diversos, con intereses, aspiraciones y preocupaciones distintas. Si estos intereses no se articulan adecuadamente, quedan dispersos y pierden capacidad de incidencia en la toma de decisiones públicas.

El partido político surge precisamente para evitar esa dispersión. Su rol es recoger las inquietudes sociales, ordenarlas, transformarlas en propuestas programáticas y llevarlas al debate público. En el caso dominicano, esta función no solo es esencial desde una perspectiva sociológica o política, sino también desde el punto de vista jurídico-constitucional.

El artículo 216 de la Constitución establece que los partidos deben servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana. Esto implica que la canalización de demandas sociales no es opcional: es un mandato constitucional que no puede ser ignorado ni reducido a un asunto meramente electoral.

Cuando un partido participa en la defensa de causas sociales, está ejerciendo esa función fundamental. No se trata de propaganda, sino del ejercicio legítimo de un deber constitucional. En ese sentido, la Marcha del Pueblo constituye un ejemplo paradigmático: una manifestación amparada en derechos fundamentales y en el mandato constitucional de representar inquietudes colectivas.

La segunda dimensión de esta función dual es igualmente fundamental: la organización de la competencia por el poder. Antes del surgimiento de los partidos, la lucha política era un fenómeno disperso, dominado por caudillismos, personalismos o alianzas circunstanciales. Esa forma de hacer política generaba inestabilidad y ausencia de reglas claras.

Los partidos transformaron ese escenario. Introdujeron procedimientos internos, mecanismos de selección de liderazgos, plataformas programáticas y estructuras permanentes de participación. Con ello, la competencia por el poder dejó de ser improvisada y se convirtió en un proceso institucional, regulado y predecible.

Este ordenamiento de la lucha política no es menor. Es lo que garantiza la alternancia pacífica, la legitimidad electoral y la capacidad del sistema democrático para renovarse sin fracturarse. El partido político, al competir por el poder, convierte las demandas sociales en proyectos de gobierno y políticas públicas.

Ambas funciones —representar a la sociedad y organizar la competencia por el poder— están profundamente interconectadas. Un partido que canaliza demandas pero carece de capacidad de competir por el poder queda limitado a la denuncia simbólica. Y un partido que solo lucha por el poder sin articular demandas sociales pierde legitimidad democrática.

Por eso, cuando un partido como Fuerza del Pueblo asume la responsabilidad de expresar el malestar ciudadano en las calles, está cumpliendo de manera simultánea con ambas funciones: canaliza inquietudes colectivas y fortalece su rol como actor legítimo dentro del sistema democrático.

Reducir estas acciones a propaganda política es desconocer el alcance de los derechos fundamentales, la naturaleza de los partidos y la propia Constitución. Las democracias sólidas necesitan partidos fuertes, capaces de interpretar el sentir nacional y convertirlo en acción pública.

En definitiva, los partidos existen porque la democracia los necesita. Son el puente entre la ciudadanía y el Estado, y al mismo tiempo los arquitectos de la competencia política que asegura la legitimidad y la alternancia. Su función dual no solo es esencial: es consustancial al sistema democrático.

Defender esa doble función es defender la estructura misma de la democracia constitucional. Y comprenderla es indispensable para valorar el rol histórico y actual que desempeñan los partidos en la vida pública de la República Dominicana.


Por José Manuel Jerez

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