RESUMEN
Los municipios han sido, históricamente, el espacio más próximo entre el ciudadano y el poder, tanto así que nuestro fundador, Juan Pablo Duarte, lo consideraba el primer poder del Estado. Nacieron como estructuras de organización territorial, pero con el tiempo se convirtieron en centros donde se construyen políticas públicas, identidades colectivas y, sobre todo, participación democrática.
Con la Constitución de 2010, ese rol ha evolucionado con fuerza gracias al proceso de constitucionalización del derecho municipal, a partir de ahí el país experimentó una transformación profunda en la manera de entender el derecho. Este giro fortaleció el reconocimiento de los principios, valores y derechos fundamentales como elementos que rigen todo el ordenamiento jurídico. En ese marco, el derecho municipal pasó de ser un componente administrativo a una dimensión fundamental dentro del sistema constitucional.
La constitucionalización del derecho municipal implica dotar a los gobiernos locales de herramientas jurídicas para garantizar el desarrollo, la equidad territorial y la inclusión. Hoy, el municipio ya encuentra su legitimidad y alcance en la propia Constitución. Esto marca un antes y un después en la forma en que se reconoce su autonomía, su rol en el desarrollo sostenible y su responsabilidad con la ciudadanía.
Este avance impone obligaciones, pero también abre oportunidades. La Carta Magna establece que los municipios deben actuar con transparencia, eficiencia y participación. Esto convierte a las alcaldías en actores claves para hacer efectiva la democracia desde lo local. La gente espera respuestas inmediatas, y la Constitución les otorga el marco legal para darlas, siempre que exista voluntad y capacidad institucional.
El Tribunal Constitucional ha jugado un papel importante en esta evolución. A través de sentencias como la TC/0053/14, que estableció límites claros sobre las competencias municipales en materia de uso de suelo, el alto tribunal ha contribuido a delinear el alcance de la autonomía local. También ha reiterado que los ayuntamientos son responsables directos en garantizar derechos como la protección del medio ambiente, la participación ciudadana y la gestión ordenada del territorio.
En esta patria dominicana las desigualdades territoriales han sido históricas, por tanto, fortalecer el derecho municipal con respaldo constitucional es una de las rutas más eficaces para lograr desarrollo con equidad. Un estudio reciente del Observatorio Político Dominicano revela que más del 70% de las quejas ciudadanas en zonas rurales están relacionadas con servicios municipales, lo que demuestra la urgencia de un marco jurídico robusto y aplicable.
La constitucionalización del derecho municipal impulsa una transformación silenciosa pero determinante. Cada comunidad organizada, cada liderazgo local fortalecido y cada presupuesto bien ejecutado son señales de que la Constitución se está cumpliendo en lo esencial. Allí donde el poder municipal responde con eficiencia y cercanía, la democracia avanza, y con ella, el bienestar de la gente.