RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SAN SALVADOR. – La Fiscalía General de El Salvador acusó formalmente este jueves a Christian Flores, quien se desempeñaba como comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos del Gobierno de Nayib Bukele, del delito de cohecho impropio en calidad de autor directo por supuestamente exigir dinero a cambio de beneficios.
La acusación contra Flores, capturado el pasado 25 de abril, la presentaron ante el Juzgado de Paz de la localidad de Antiguo Cuscatlán (cerca de la capital) y la Fiscalía solicitó que «permanezca en detención provisional» y que su caso pase a la fase de instrucción, informó la entidad de investigación.
Señaló que «Flores, valiéndose de su cargo, exigió dinero a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del Gobierno central».
La Fiscalía sostiene que «las investigaciones han determinado que, por el momento, son 2 víctimas a quienes Flores engañó para que entregaran grandes cantidades de dinero en el 2021».
Por este caso también fue detenido, el 26 de abril, José Ángel Quintanilla Rosales por su supuesta complicidad con Flores.
Bukele, presidente en licencia y reelecto para un segundo mandato pese a una prohibición constitucional, escribió en su cuenta de X que «no es el primero, y tampoco será el último», en referencia a la captura de Flores.
El mandatario anunció en junio de 2023 que su Gobierno llevará a cabo una «guerra frontal»
El mandatario anunció en junio de 2023 que su Gobierno llevará a cabo una «guerra frontal» contra la corrupción y señaló que se construirá una cárcel para «los corruptos».
Sin embargo, su Administración ha mantenido a funcionarios de su círculo cercano señalados de actos de corrupción y antidemocráticos por el Gobierno de Estados Unidos, como la negociación con las pandillas.
Tampoco removió a funcionarios investigados por la Fiscalía hasta antes de que el Congreso, con amplía mayoría de su partido Nuevas Ideas (NI), destituyera en 2021 al entonces fiscal general, Raúl Melara, que abrió los casos y realizó allanamientos en oficinas del Gobierno.
